La COB y organizaciones campesinas presentaron nuevas demandas y dejaron de exigir la renuncia de Rodrigo Paz antes del diálogo convocado para este miércoles en La Paz.
La Paz, 17 de junio de 2026. – La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas presentaron sus pliegos de demandas al Gobierno y dejaron de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en la antesala de la mesa de diálogo convocada para este miércoles a las 09.00 en la Casa Grande del Pueblo. La decisión ocurrió en un contexto de debilitamiento de los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 47 días. El Ejecutivo convocó a las conversaciones tras recibir los nuevos petitorios de ambos sectores.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la instalación de la mesa de negociación y destacó la disposición de la dirigencia sindical para iniciar conversaciones. “Los esperamos mañana a las 09.00 en la Casa Grande del Pueblo para iniciar esta mesa de diálogo, de concertación y de construcción de soluciones en base a la realidad que vivimos. El diálogo es la mesa donde se construyen las soluciones y será ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las respuestas que el pueblo boliviano espera”.
La COB presentó una carta denominada “Conminatoria y planteamiento de pacificación y recuperación del país”, compuesta por ocho ejes temáticos. El documento fue dirigido al presidente Rodrigo Paz y exigió una respuesta inmediata. La Presidencia recibió la nota mediante la funcionaria Gilda Céspedes.
Entre las principales demandas, la organización solicitó el archivo definitivo de proyectos normativos que considera restrictivos para la movilización social, el cese de procesos contra dirigentes sindicales y la revisión de casos de personas detenidas durante los conflictos.
La central obrera también planteó una ley para que autoridades nacionales, departamentales y municipales rindan cuentas sobre el cumplimiento de promesas electorales. Además, rechazó procesos de privatización o transferencia de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros.
Otro de los puntos incluyó el rechazo a eventuales acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la exigencia de transparencia sobre negociaciones con organismos financieros internacionales. La organización también propuso una distribución de recursos bajo un esquema de 50% para el nivel central y 50% para gobernaciones y alcaldías.
Respecto a la situación económica, la COB pidió medidas para evitar nuevos incrementos en los precios de los combustibles, resarcimientos para afectados por la distribución de gasolina observada y una auditoría técnica independiente. Asimismo, demandó mecanismos de consulta previa para la aprobación de leyes, decretos o medidas macroeconómicas que afecten a los sectores sociales.
La organización también incluyó propuestas relacionadas con la protección de los derechos laborales, el control de la especulación y el alza de precios, la preservación del salario real, la creación de un fondo soberano para jubilaciones y la protección de áreas protegidas frente a actividades extractivas. La carta además solicitó la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal y de la no judicialización de las protestas.
Por su parte, la Federación de Campesinos de La Paz y la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa presentaron un documento con cinco demandas y tampoco incluyeron la renuncia presidencial entre sus exigencias. “Exigimos de manera inmediata que se cumplan los cinco puntos que tiene este documento en un plazo de 24 horas, como muestra de la buena fe que tiene el Gobierno para solucionar los muchos problemas estructurales que han llevado al país a una crisis económica y social”, señala el documento.
Las organizaciones campesinas solicitaron la conformación inmediata de una comisión de control integrada por representantes sociales, técnicos especializados y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para verificar la calidad de los combustibles importados en las fronteras.
Además, demandaron la suspensión temporal de intereses, multas y cargos por mora para diversos sectores productivos y comerciales, la derogatoria de decretos que consideran lesivos para derechos constitucionales, una amnistía para personas procesadas o detenidas durante las movilizaciones y la abrogación de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción.
La mesa de diálogo entre el Gobierno, la COB y las organizaciones campesinas comenzará este miércoles con el objetivo de analizar los planteamientos presentados por ambos sectores.
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