La Comisión de Constitución de Diputados rechazó y archivó un proyecto que planteaba eliminar la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes de Bolivia.
La Paz, 10 de marzo de 2026. – La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad el proyecto de ley que proponía eliminar la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes del Estado y dispuso su archivo durante su séptima sesión ordinaria realizada el 4 de marzo.
La iniciativa, identificada como PL-023/2025-2026, fue presentada en noviembre de 2025 por un grupo de legisladores y planteó abrogar la Ley Nº 376 de 2013, normativa que establece un reconocimiento económico mensual equivalente a diez salarios mínimos nacionales para quienes ejercieron constitucionalmente la Presidencia o la Vicepresidencia del Estado. Tras analizarlo, la comisión concluyó que el proyecto presentaba deficiencias en su estructura normativa, por lo que resolvió rechazar la propuesta y archivar su tratamiento.
El presidente de la comisión, Juan Del Granado, explicó que la determinación se adoptó luego de revisar los informes del Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación. “La comisión, en su séptima sesión ordinaria, ha considerado el informe del Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación y, por unanimidad, ha determinado rechazar el proyecto de ley y proceder con su archivo”.
Durante el análisis legislativo, también se evaluó el principio de protección de los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. “Una vez que una ley otorga un beneficio bajo condiciones cumplidas, como el ejercicio del mandato constitucional, este se incorpora al patrimonio jurídico del beneficiario y su eliminación podría vulnerar derechos adquiridos”, afirmó Del Granado.
El informe técnico además observó que la propuesta, pese a presentar una extensa exposición de motivos, no desarrolló un cuerpo normativo suficiente ni incluyó artículos claros o disposiciones transitorias que permitan un tratamiento legislativo adecuado, además de pretender modificar una partida presupuestaria consolidada sin contar con un informe técnico-económico del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, requisito establecido en el Reglamento General de la Cámara de Diputados cuando una iniciativa implica cambios en el gasto estatal. “La técnica legislativa exige que todo proyecto sea una unidad normativa coherente y cuente con respaldo técnico, especialmente cuando se trata de disposiciones que afectan recursos públicos”, sostuvo Del Granado.
Otro aspecto considerado en el análisis fue que la eventual abrogación de la Ley 376 podría afectar otros beneficios contemplados en la normativa, entre ellos la renta vitalicia otorgada a mujeres mineras que participaron en la defensa de la democracia. Por su parte, algunos legisladores también señalaron que este tipo de beneficios busca preservar la dignidad de la alta investidura del Estado, al garantizar condiciones mínimas de independencia y decoro para quienes ejercieron la Jefatura del Estado, sin distinción de posiciones políticas.
Con base en estas observaciones, la Comisión de Constitución concluyó que el proyecto no cumplía con los requisitos formales ni sustantivos necesarios, por lo que rechazó la iniciativa y decidió archivar su tratamiento en esta instancia legislativa.
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