El Gobierno respondió al pliego de la COB, descartó privatizaciones, ofreció transparentar créditos y rechazó impulsar normas que restrinjan la protesta pacífica.
La Paz, 17 de junio de 2026. – El Gobierno nacional respondió al pliego de demandas presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) y expresó su disposición de instalar de manera inmediata mesas de trabajo para abordar los planteamientos del sector sindical, en medio de un conflicto social que cumple 48 días.
La respuesta oficial incluyó compromisos relacionados con la defensa de las empresas públicas, la transparencia en las negociaciones de financiamiento externo y el respeto al derecho constitucional a la protesta pacífica.
Uno de los principales puntos planteados por la COB fue la exigencia de garantizar que no existan procesos de privatización o transferencia de empresas estratégicas a intereses privados. En respuesta, el Ejecutivo afirmó que mantendrá la propiedad estatal sobre estos activos. “El Gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano”, señala el documento oficial.
Respecto a las negociaciones con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno aseguró que informará sobre cualquier acuerdo o crédito que gestione. “Respecto al financiamiento externo, el Gobierno nacional transparentará toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano”.
En relación con la propuesta de redistribución de recursos bajo un esquema de 50% para el nivel central y 50% para las entidades subnacionales, el Ejecutivo anunció la conformación de una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos, en coordinación con las instancias competentes y dentro del marco constitucional.
El Gobierno también manifestó su respaldo a la creación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso denominado “narcomaderas” o la droga incautada en territorio chileno. Y, en cuanto a las demandas vinculadas a las movilizaciones sociales, el Ejecutivo afirmó que no respaldará iniciativas que restrinjan el derecho a la protesta. “El Gobierno nacional no apoyará ninguna norma que criminalice la protesta pacífica ni que restrinja de manera desproporcionada el derecho constitucional a la movilización”.
No obstante, la administración de Rodrigo Paz precisó que continuará garantizando la libre circulación de personas, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además del funcionamiento de servicios esenciales y la atención de emergencias.
La respuesta gubernamental será analizada por la dirigencia de la COB en un ampliado convocado para este miércoles. De la evaluación de esa propuesta dependerá la instalación de una mesa de diálogo entre ambas partes.
En sus conclusiones, el Ejecutivo reafirmó su disposición a mantener conversaciones con las organizaciones sociales y propuso instalar mesas de trabajo por ejes temáticos, con participación de autoridades competentes, plazos definidos, agenda pública y mecanismos de seguimiento institucional. “La paz social no se construye con amenazas, imposiciones ni bloqueos. Se construye con diálogo responsable, compromisos verificables, respeto a la Constitución y atención seria de las demandas legítimas”.
Además, sostuvo que las demandas sociales podrán ser tratadas mediante espacios de concertación, al tiempo que reiteró su obligación de garantizar servicios básicos y condiciones de abastecimiento para la población. “La línea del Gobierno es clara: diálogo sí; violencia, coacción, bloqueo de servicios esenciales e impunidad, no”, concluye el documento.
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