La justicia dictó detención domiciliaria para siete de 27 investigados por los disturbios ocurridos en la Federación de Choferes de El Alto el 8 de junio.
El Alto, 11 de junio de 2026. – La justicia dispuso detención domiciliaria para siete personas investigadas por los disturbios registrados el pasado 8 de junio en inmediaciones de la Federación Andina de Choferes de El Alto, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.
El fiscal Weimar Molina informó que inicialmente fueron aprehendidas 27 personas tras los hechos ocurridos durante una protesta protagonizada por un grupo denominado de “autoconvocados”, que cuestionó a la dirigencia del sector del transporte. Según la investigación, la movilización derivó en enfrentamientos con la Policía y provocó daños materiales, entre ellos la destrucción parcial de un vehículo oficial.
Molina explicó que los siete imputados enfrentan cargos por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, debido a los daños ocasionados al motorizado policial. “El proceso se inició por los daños materiales registrados durante los hechos investigados”.
Asimismo, señaló que durante la audiencia de medidas cautelares la autoridad jurisdiccional consideró que la conducta de los imputados también se adecuaría a los delitos de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. En ese marco, el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre ellas la detención domiciliaria para los siete acusados.
Respecto a las otras 20 personas aprehendidas, Molina indicó que recuperaron su libertad por disposición judicial. Sin embargo, aclaró que las investigaciones continuarán debido a que todavía no existen elementos suficientes para formalizar una imputación en su contra. De acuerdo con los datos preliminares, alrededor de 350 personas permanecieron en el lugar de los hechos entre las 12:30 y las 14:30 del lunes 8 de junio.
El fiscal precisó que no todos los participantes pertenecían al sector del transporte. Según la información recabada, aproximadamente 17 de los 27 aprehendidos ejercen como choferes, mientras que otros declararon ser estudiantes o no acreditaron ninguna relación con organizaciones de transporte.
La autoridad agregó que varios de los investigados optaron por acogerse a su derecho constitucional al silencio durante sus declaraciones informativas, situación que limitó la obtención de mayores antecedentes sobre su actividad u ocupación.
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