El presidente Rodrigo Paz cumple seis meses de gestión este 8 de mayo entre medidas económicas, conflictos sociales y pedidos de acuerdos para sostener la gobernabilidad en Bolivia.
La Paz, 04 de mayo de 2026. – El presidente Rodrigo Paz cumplirá el próximo 8 de mayo sus primeros seis meses de gestión en medio de conflictos sociales, presiones sectoriales y demandas de reformas estructurales, mientras el Gobierno defendió avances en el frente económico y convocó a un acuerdo nacional.
El Órgano Ejecutivo informó que logró ordenamiento fiscal, pago de deuda externa, generación de divisas y reformulación del Presupuesto General del Estado 2026, como parte de una estrategia para estabilizar la economía. Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y otros sectores advirtieron que estos resultados requieren respaldo en leyes y consensos políticos.
El Gobierno sostuvo que recibió en noviembre de 2025 un Estado en una situación “absolutamente dramática” y afirmó que en los últimos meses estabilizó indicadores clave. En paralelo, el país registró bloqueos, marchas y pliegos sectoriales, además de la presión de la Central Obrera Boliviana (COB) por un incremento salarial del 20%. En este contexto, Paz planteó la realización de un encuentro nacional para viabilizar reformas estructurales y reducir la conflictividad social.
Balance económico y medidas fiscales
El Ministerio de Economía destacó el pago de más de 530 millones de dólares de deuda externa, la estabilidad del tipo de cambio, un superávit fiscal y la contención de la inflación. Según la entidad, estas acciones evitaron un deterioro mayor de la economía.
El Ejecutivo también aprobó la modificación del Presupuesto General del Estado 2026, estructurado en tres ejes:
- Acuerdos con gobiernos subnacionales, con más de Bs 2.000 millones adicionales.
- Compromisos con la ciudadanía, que incluyeron nuevos ítems en salud, educación, Policía y Defensa.
- Entendimientos con el sector productivo, orientados a la reducción de impuestos y reactivación económica.
Una de las decisiones más relevantes fue la eliminación parcial de la subvención a los carburantes en diciembre de 2025. En la ALP, legisladores reconocieron la medida como necesaria, aunque su impacto político coincidió con la crisis en YPFB, que derivó en la salida de dos presidentes de la estatal y del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Advertencias por conflictividad social
El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, cuestionó los bloqueos y protestas. “Los conflictos sociales agravan el sufrimiento de miles de familias”, afirmó la autoridad eclesiástica, al referirse a los efectos en la economía y el acceso a servicios.
Leigue pidió priorizar el diálogo y el entendimiento frente a las medidas de presión.
Evaluaciones políticas divididas
El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que el Gobierno enfrenta debilidad institucional y social. “Tenemos un Gobierno que no tiene la fortaleza suficiente”, señaló, y planteó una cumbre nacional para impulsar reformas, incluida una posible modificación parcial de la Constitución.
Por su parte, el diputado Juan Justo Chávez sostuvo que las medidas del Ejecutivo responden al contexto económico. “La única salida es el diálogo”, afirmó, al respaldar la convocatoria a acuerdos.
Acuerdos para levantar bloqueos
El presidente Paz anunció un acuerdo con sectores movilizados en La Paz y Beni para atender demandas y suspender bloqueos. “La respuesta será inmediata”, afirmó en conferencia de prensa. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el acuerdo incluye la intervención de carreteras con maquinaria y el desplazamiento de cisternas móviles para garantizar abastecimiento de combustibles.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó al menos seis puntos de bloqueo en ambos departamentos durante el fin de semana. Zamora precisó que el Gobierno asumió compromisos a corto, mediano y largo plazo, centrados en el mejoramiento de rutas.
El balance de los seis meses de gestión se desarrolla así entre medidas económicas, presión social y negociaciones políticas, en un escenario marcado por la necesidad de acuerdos para sostener la gobernabilidad.
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