Una inspección territorial evidenció la alarmante ocupación de la cuenca amazónica. El intento de desalojo fracasó por la ausencia de la Policía y autoridades del nivel central, mientras el Gobierno incumple los plazos dictados por el Tribunal Agroambiental.
Beni, 07 de octubre de 2026. — La amenaza de la minería aurífera sobre los ecosistemas amazónicos ha alcanzado niveles críticos. Autoridades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), encabezadas por su presidente Lucio Ayala, denunciaron el hallazgo de 270 balsas mineras a lo largo de los 184 kilómetros del río Madre de Dios que atraviesan su jurisdicción. La ocupación agrava la crisis ambiental en la región, marcada por la contaminación con mercurio y la inacción de las instituciones estatales.
Durante una reciente inspección territorial, los dirigentes originarios verificaron que la maquinaria pesada se encuentra asentada sobre el cauce del río. Aunque durante el recorrido diurno no se registraron operaciones activas, las comunidades sospechan que las embarcaciones operan clandestinamente durante la noche. Ayala advirtió que esta invasión está devastando el territorio, contaminando el agua y los peces con sustancias químicas tóxicas, destruyendo riberas y cultivos, y provocando un grave deterioro en la salud de los pobladores debido al ingreso indiscriminado de personas ajenas a la comunidad.
El recorrido contó con el acompañamiento técnico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). Manuel Menacho, responsable de la institución en Riberalta, detalló que se levantó información georreferencial que corrobora la presencia masiva de estas infraestructuras, estimando que el 95% de las balsas identificadas operarían en áreas no permitidas.
Pese a la contundencia de los hallazgos y a que las organizaciones indígenas habían fijado el 30 de septiembre como plazo máximo para el retiro de las actividades mineras, la intención de ejecutar un desalojo no pudo concretarse. Los líderes denunciaron que la acción territorial fracasó por el abandono institucional, al no contar con el respaldo de la Policía Boliviana, la Fiscalía, el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ni de las gobernaciones de Beni y Pando.
Este vacío estatal contraviene directamente las disposiciones judiciales recientes. Desde el mes de septiembre, el Tribunal Agroambiental ordenó al Gobierno presentar en 10 días un plan integral de intervención para las zonas afectadas en los ríos Madidi, Madre de Dios y Tuichi, y ponerlo en marcha en los siguientes 15 días. Asimismo, el tribunal instruyó a la AJAM verificar las operaciones auríferas y suspender de inmediato aquellas que no cuenten con la respectiva licencia ambiental.
Frente al incumplimiento de la orden judicial y la falta de intervención del Estado, las organizaciones indígenas advirtieron que continuarán asumiendo la defensa y el control de su territorio. La dirigencia ha convocado a una nueva reunión para este 13 de octubre, escenario en el que evaluarán la crisis y definirán nuevas medidas de acción para frenar el ecocidio en la Amazonía.
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