La normativa reglamenta la ley promulgada en 2025 y establece un pago equivalente al 20% del salario mínimo nacional, además de paquetes alimentarios para menores de cinco años y becas de estudio para asegurar el futuro de los niños y adolescentes afectados.
La Paz, 07 de octubre de 2026. — Con el objetivo de proteger a los menores que perdieron a sus madres a causa de la violencia machista, el Gobierno nacional aprobó este miércoles el decreto supremo que reglamenta y pone en plena aplicación la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos huérfanos víctimas de feminicidio. La medida garantiza la entrega de un bono económico mensual, apoyo alimentario y la priorización de sus derechos fundamentales en el sistema estatal.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, detalló que el bono económico mensual equivale al 20% del salario mínimo nacional. Considerando que la base salarial vigente asciende a 3.300 bolivianos, el Estado desembolsará aproximadamente 660 bolivianos mensuales en favor de cada beneficiario. Asimismo, la normativa establece que los menores de cinco años recibirán un paquete alimentario equivalente al 20% del subsidio de lactancia regular.
“Hay un flagelo que tenemos en Bolivia y tiene que ver con el feminicidio, con la violencia intrafamiliar (…), y lamentablemente los que más sufren en todo esto son los hijos y quedan desprotegidos”, manifestó Gálvez durante el anuncio. Para garantizar que estos recursos lleguen de manera transparente y directa a quienes lo necesitan, el Gobierno habilitará un registro oficial donde los beneficiarios deberán anotarse.
Más allá del respaldo económico, el decreto estipula una protección integral en el ámbito social. Los menores afectados tendrán garantizado el acceso prioritario a los servicios de salud y una inserción inmediata al sistema educativo. Como medida complementaria, se determinó que los niños y adolescentes beneficiarios se favorecerán con becas de estudio en colegios y universidades.
La implementación de este reglamento responde a una realidad alarmante. Según estimaciones del Ministerio de la Presidencia, hasta diciembre de 2025 el país acumulaba alrededor de 961 niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. La problemática persiste en la gestión actual: la Fiscalía General del Estado reportó que, entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2026, ya se han perpetrado 66 feminicidios en Bolivia.
Aunque la Ley 348, vigente desde 2013, castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto —la pena máxima del ordenamiento jurídico boliviano—, diversas organizaciones de mujeres continúan exigiendo la asignación de mayor presupuesto y personal adecuado para atender los casos, alertando simultáneamente sobre campañas de desinformación impulsadas por sectores conservadores que buscan anular la normativa
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