El proyecto de Ley de Libre Transitabilidad superó su primera fase legislativa y aguarda su tratamiento en detalle. La normativa establece severas sanciones penales para quienes obstaculicen carreteras, fijando la pena máxima para casos donde se atente contra la vida de civiles o uniformados.
La Paz, 06 de octubre de 2026. — La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados dio luz verde este martes, en su estación en grande, al proyecto de Ley de Libre Transitabilidad, popularmente conocido como «Ley Antibloqueos». Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo fundamental garantizar la circulación ininterrumpida en las carreteras del país mediante el establecimiento de sanciones penales directas para quienes promuevan, organicen o ejecuten la obstaculización de las vías.
El proyecto normativo contempla penas privativas de libertad que oscilan entre los tres y los 10 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de la conducta y los factores agravantes. De acuerdo con la explicación técnica brindada durante la sesión, la sanción máxima de una década de prisión se aplicará de forma estricta en aquellas situaciones donde los cortes de ruta deriven en agresiones que pongan en riesgo la vida y la integridad física de la población civil, efectivos de la Policía Boliviana o miembros de las Fuerzas Armadas.
El presidente de la comisión, diputado Manolo Rojas, detalló que el documento aprobado representa un trabajo de unificación, ya que concentra y sintetiza al menos diez iniciativas legislativas presentadas previamente sobre la problemática de los bloqueos y el derecho a la libre circulación. El debate y aceleración de esta norma tomó un impulso decisivo tras las severas interrupciones registradas en diferentes carreteras del país entre mayo y junio de la presente gestión (2026), conflictos que paralizaron la conexión interdepartamental.
Tras superar su aprobación en grande, el proyecto de «Ley Antibloqueos» deberá ser abordado y aprobado en su estación en detalle al interior de la comisión. Una vez concluido este paso procedimental, el documento será remitido oficialmente al pleno de la Cámara de Diputados para su debate final.
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