Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte sobre el grave deterioro alimentario tras el retiro de la subvención al diésel. Mientras la pobreza y la malnutrición acechan a los sectores vulnerables, el Gobierno alista un duro plan de ajuste pactado con el FMI para 2027.
La Paz, 06 de octubre de 2026. — La crisis económica y el encarecimiento del costo de vida han comenzado a golpear directamente la mesa de las familias bolivianas. Un reciente monitoreo de la Defensoría del Pueblo emitió una alarmante alerta nutricional: uno de cada tres hogares en el país ha tenido que reducir el número de comidas diarias ante la imposibilidad de cubrir el costo de los alimentos esenciales, una situación detonada por el aumento de precios tras el retiro de la subvención al diésel.
El estudio, realizado en las nueve ciudades capitales y El Alto, expone la asfixia financiera de la población. El 71% de los consultados declaró que su presupuesto actual es insuficiente para la alimentación, obligando al 94% a reducir las cantidades que compra y al 86% a modificar drásticamente sus hábitos de consumo, sustituyendo alimentos nutritivos por opciones más baratas. La precariedad es tal que un 11% de las familias admitió haber recortado sus gastos en salud para destinar esos escasos recursos a la comida.
Este deterioro alimentario impacta sobre una población que ya arrastraba un profundo rezago social. De acuerdo con la Encuesta de Hogares 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 44,7% de los bolivianos se encontraba en situación de pobreza y un 16,7% en pobreza extrema. Las secuelas de esta carencia se reflejan crudamente en la infancia: datos del Ministerio de Salud (EDSA 2023) revelan que el 14,4% de los menores de cinco años padece desnutrición crónica y un preocupante 61,3% sufre de anemia.
Paradójicamente, frente a la percepción ciudadana del fuerte encarecimiento en los mercados, el INE reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 registró un alza mensual de apenas 0,85%, situando la inflación acumulada del año en 3,88% y la interanual en 5,70%. Las ciudades de Sucre (2,26%) y Potosí (1,88%) lideraron las variaciones positivas, impulsadas por el aumento en el precio del tomate, la papa, la cebolla y el transporte público.
Pese a los intentos del Banco Central por mantener la inflación en un dígito, el panorama económico proyecta una severa austeridad para 2027. El reciente acuerdo aprobado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares —destinado a sostener las reservas internacionales— obligará al Gobierno a aplicar un estricto plan de ajuste. Las condiciones pactadas incluyen el congelamiento de salarios, la liberación del tipo de cambio y la eliminación total de las subvenciones a los combustibles a partir del 1 de enero, una medida que encarecerá la garrafa de GLP, la electricidad y golpeará nuevamente el costo de la canasta básica.
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