Tras cumplirse el plazo fijado para el 30 de septiembre, organizaciones originarias del TIM II y la Cipoap anuncian inspecciones territoriales y advierten con desalojos forzosos ante la inacción judicial. La minería aurífera deja graves daños acumulativos y alarmantes niveles de contaminación por mercurio.
Cobija, 01 de octubre de 2026. — Un escenario de máxima tensión se ha instalado en la Amazonía boliviana tras el vencimiento del ultimátum otorgado por las organizaciones indígenas de Pando para que las operaciones mineras retiren sus dragas del río Madre de Dios. Al agotarse el plazo este 30 de septiembre sin soluciones a la vista, las comunidades originarias han conformado comités de defensa y advierten con asumir medidas de presión directas si las embarcaciones extractivistas no abandonan el territorio.
El conflicto, que abarca un tramo crítico de 184 kilómetros sobre la cuenca, es liderado por la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) y el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II). Ante el asedio minero, estas organizaciones interpusieron en julio de 2025 una acción ambiental preventiva ante el Juzgado Agroambiental del Sena. Sin embargo, la falta de una resolución judicial efectiva los llevó a declararse en emergencia y fijar la fecha límite que acaba de expirar.
El TIM II, una extensión de más de 400.000 hectáreas entre Pando y Beni, es el hogar de los pueblos tacana, esse ejja y cavineño. Para estas comunidades, el Madre de Dios no es solo una vía de transporte, sino su principal fuente de alimentación y agua, hoy amenazada por una crisis sanitaria. Investigaciones científicas alertan sobre la exposición crónica al mercurio: muestras recolectadas en la zona arrojaron una concentración media de 2,8 partes por millón (ppm) —cuando el límite de referencia es 1 ppm—, registrándose niveles extremos de hasta 114 ppm en la comunidad El Tigre.
El colapso ecológico va más allá de la contaminación química. Inspecciones del Tribunal Agroambiental han confirmado «daños graves y acumulativos» que incluyen alteraciones hidrodinámicas irreversibles y la pérdida de más de 8.400 hectáreas de bosque a causa de la minería intensiva. La desproporción de la incursión es alarmante: datos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) señalan que, de 203 dragas operando en la zona, apenas 23 contarían con autorizaciones temporales vinculadas a la cooperativa Asobal.
Desde el sector minero, la dirigencia de Asobal rechazó las advertencias indígenas. Sus representantes defendieron la legalidad de sus áreas de trabajo, activas desde 2008, reivindicaron el impacto económico de su sector y atribuyeron la contaminación del río a las actividades mineras ilícitas desarrolladas en Perú.
Con el ultimátum oficialmente agotado, la atención se centra ahora en el río. Las dirigencias indígenas han anunciado que iniciarán inspecciones de verificación en las próximas horas. De constatar que las dragas no se retiraron de forma voluntaria, el conflicto amenaza con abandonar los estrados judiciales para convertirse en una confrontación territorial directa por la defensa de la Amazonía.
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