La COB denunció este lunes la aprehensión y «secuestro» de cinco dirigentes nacionales y afirmó que el operativo vulneró derechos constitucionales y sindicales.
La Paz, 08 de junio de 2026. – La Central Obrera Boliviana (COB) denunció públicamente la aprehensión y «secuestro» de cinco dirigentes nacionales y afirmó que el procedimiento ejecutado el 7 de junio careció de orden judicial y vulneró derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.
Según el pronunciamiento difundido por la organización sindical, los dirigentes fueron interceptados mientras transitaban por la vía pública en un vehículo particular. La COB aseguró que los responsables del operativo actuaron encapuchados, vestidos de civil y portando armas, sin identificarse como efectivos policiales ni presentar documentación que respaldara la aprehensión. Además, señaló que los involucrados utilizaron gas lacrimógeno al interior del motorizado para obligar a los ocupantes a descender, acción que, según la denuncia, puso en riesgo la integridad física de los dirigentes.
De igual manera, informaron que los cinco dirigentes permanecen en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y sostuvo que no existe un informe policial de acción directa que justifique la medida. “Exigimos la liberación inmediata e irrestricta de nuestros cinco dirigentes, al tratarse de una aprehensión completamente nula de pleno derecho”.
La entidad sindical afirmó que el operativo vulneró los derechos a la vida, la integridad física, el debido proceso y el fuero sindical, además de incumplir las garantías constitucionales relacionadas con las detenciones.
Asimismo, indicaron que, tras la aprehensión, comenzaron a circular videos en redes sociales que presuntamente mostrarían actos de violencia contra los dirigentes. La COB señaló que, de confirmarse la autenticidad de ese material, los hechos podrían constituir vulneraciones a normas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
En su comunicado, la organización mencionó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como instrumentos que, según su posición, habrían sido afectados por las acciones denunciadas.
La Central Obrera Boliviana solicitó la intervención del Defensor del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para realizar seguimiento al caso y declaró estado de emergencia nacional, pidiendo la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales del operativo.
La organización también expresó su rechazo a cualquier acción que, a su juicio, implique la criminalización de la actividad sindical y reiteró su demanda de liberación para los dirigentes aprehendidos.
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