Activistas presentaron un decreto que plantea restringir trámites y créditos a deudores de asistencia familiar para garantizar el pago en Bolivia.
La Paz, 20 de marzo de 2026. – Un grupo de activistas y madres de familia presentó una propuesta de decreto que establece sanciones administrativas contra deudores de asistencia familiar, como la restricción para renovar documentos, acceder a créditos y realizar trámites, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones.
La iniciativa fue entregada en la Casa Grande del Pueblo y plantea medidas complementarias a la vía penal. Entre las disposiciones se incluyen la suspensión de la licencia de conducir, la restricción en trámites de identificación y la limitación de acceso al crédito, en el marco de lo establecido por la Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar.
“Queremos que cuando un padre irresponsable vaya a renovar su carnet o su licencia, no pueda hacerlo si no ha cumplido con su asistencia familiar. Lo mismo cuando intente acceder a un crédito”, explicó Paola Gutiérrez, coordinadora de la organización Mujeres en busca de justicia.
Las organizaciones impulsoras señalaron que las medidas actuales no garantizan el pago. “Desde nuestra experiencia colectiva, hemos verificado que, aún existiendo órdenes de apremio vigentes y aún cuando padres deudores ingresan a cárceles durante seis meses, muchos no pagan la asistencia familiar”, indica la carta firmada por Mujeres Creando.
La propuesta se presentó el 19 de marzo, Día del Padre, como un acto simbólico que busca visibilizar el incumplimiento de pensiones y su impacto en mujeres, niños y niñas. La activista María Galindo destacó la apertura al diálogo de autoridades como Durby Blanco, directora de Igualdad de Oportunidades, y Ximena Galarza, directora de Comunicación, quienes recibieron el documento.
Desde el Gobierno, Galarza informó que la propuesta será derivada a las instancias correspondientes para su análisis, en el marco de las competencias institucionales.
Las organizaciones sostuvieron que el decreto busca fortalecer la respuesta estatal mediante mecanismos administrativos que incrementen la efectividad del cobro y reduzcan la dependencia exclusiva de medidas coercitivas penales.
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