El Índice Chapultepec 2025 de la SIP ubicó a Bolivia con 37,12 puntos sobre 100 y mantuvo al país en la categoría de alta restricción.
11 de marzo de 2026. – Bolivia se mantuvo en la franja de “Alta restricción” en libertad de prensa, según el Índice Chapultepec 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que otorgó al país 37,12 puntos sobre un máximo de 100. El informe registró una leve mejora de 4,56 puntos respecto a 2024, lo que permitió a Bolivia subir del puesto 18 al 15 entre 22 países evaluados, aunque el avance no modificó su clasificación dentro de la categoría de alta restricción, en la que permanece desde 2023.
La medición corresponde al periodo entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, etapa en la que el país aún era gobernado por Luis Arce (2020-2025). El documento señaló que “bajo el Gobierno de Luis Arce, la sostenibilidad de los medios ha padecido la discriminación en las pautas publicitarias, la fiscalización y sanciones tributarias, así como el lenguaje de estigmatización a la prensa independiente”.
El Índice Chapultepec también evaluó tres dimensiones relacionadas con la libertad de expresión. En Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, Bolivia obtuvo 7,94 puntos de un máximo de 30. Mientras que en la categoría Actuaciones del Estado contra la Violencia contra Medios y Periodistas, el país registró 14,68 puntos sobre 40. Y en cuanto a Control de Medios y Periodismo alcanzó 14,50 puntos de un máximo de 30, calificación que el reporte ubicó por debajo del nivel medio.
El documento también indicó que el entorno del Estado con mayor influencia en situaciones desfavorables para la libertad de prensa fue el poder Ejecutivo, al que el informe atribuyó un grado de incidencia “fuerte” durante el periodo analizado. Asimismo, señaló que el poder Legislativo mantuvo proyectos sin tratamiento, entre ellos el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, y analizó otra propuesta destinada a establecer mecanismos de protección para periodistas, que fue cuestionada por organizaciones del sector al considerar que podría generar controles sobre el ejercicio profesional. El informe también mencionó que el poder Judicial tramitó denuncias contra periodistas relacionadas con publicaciones críticas hacia autoridades locales o actores económicos.
Finalmente, el reporte recordó que en 2025 se suspendió el juicio y se otorgó libertad condicional a los implicados en el secuestro y tortura de siete periodistas ocurrido en 2021 en Santa Cruz, situación que, según el documento, reflejó la persistencia de la impunidad en casos de violencia contra la prensa.
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