La Fiscalía procesó a una registradora de DD.RR. por presunta manipulación informática que habría despojado de su vivienda a una adulta con discapacidad en Viacha.
La Paz, 03 de marzo de 2026. – El Ministerio Público inició un proceso penal contra una registradora de Derechos Reales (DD.RR.) por el presunto delito de manipulación informática, tras la denuncia de una adulta mayor con discapacidad que aseguró haber sido despojada de su inmueble en Viacha.
La fiscal de materia Jhenny Esmeralda Toledo informó al Juzgado Público e Instrucción Penal de Sica Sica el inicio de la investigación contra Leonor Vera Condori, quien ejercía funciones como registradora.
La denuncia fue presentada el 6 de febrero de 2026 por Basilia G. Gonzales Ramírez, una adulta mayor con discapacidad visual y auditiva. La denunciante sostuvo que hubo modificaciones irregulares en el sistema informático registral que alteraron la situación jurídica de su vivienda.
Según la investigación preliminar, la funcionaria realizó cambios reiterados en el estado de una matrícula que no guardaba relación con el antecedente dominial del inmueble. Entre julio de 2024 y febrero de 2025, el registro cambió en seis oportunidades entre “Vigente” y “No Vigente”, sin respaldo documental físico ni justificación administrativa registrada.
El Ministerio Público también identificó la presunta validación de documentos y la generación de asientos registrales sin verificación adecuada de legalidad y continuidad. En uno de los movimientos se citó una supuesta resolución judicial que no figura en archivos institucionales.
La vivienda de la denunciante se encuentra en la Plaza José Ballivián, Distrito 2 de Viacha, con una superficie de 70 metros cuadrados; sin embargo, el sistema lo vinculó a otra matrícula con distinta ubicación y una superficie de 67,56 metros cuadrados, aspecto central de la denuncia.
La investigación busca aclarar si estas alteraciones permitieron validar documentos de terceros y facilitar el ingreso de personas al inmueble mientras la propietaria permanecía hospitalizada.
En la vía administrativa, la denunciante acudió al Consejo de la Magistratura. La Oficina de Control y Fiscalización emitió en noviembre de 2025 un informe que identificó presuntas irregularidades registrales, posibles faltas disciplinarias e indicios de responsabilidad penal.
El Ministerio Público anunció que realizará las investigaciones técnicas y revisión documental correspondientes para determinar si existió manipulación indebida del sistema y si estas acciones ocasionaron el perjuicio hacia la denunciante. Por lo tanto, el caso permanece en etapa de indagación bajo el control jurisdiccional del juzgado de Sica Sica.
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