Bolivia, 11 de enero de 2025. – En mayo del año pasado, la historiadora Sayuri Loza y el abogado Gonzalo Mendieta advirtieron en Harvard, Boston, el conflicto político-social que hoy sacude al país. Lo describieron con una precisión inquietante, como si hubieran observado el presente desde una máquina del tiempo. No era adivinación: era lectura de patrones.
Todos escuchaban atentos. Todos, menos algunos precandidatos. Unos no asistieron. Otro se perdió en el scroll infinito del celular. Alguno abandonó la sala: hay quienes sólo oyen lo que confirma sus creencias.
Para entender el conflicto COB–Gobierno no basta con mirar la espuma de las redes sociales. Hay que bucear más hondo.
Lo que emerge es un fenómeno recurrente en Bolivia: el tiempo político no avanza, gira. Regresa, una y otra vez, al mismo punto de origen: la disputa por el control del Estado para explotar el poder en beneficio propio.
Cuando el MAS llegó al gobierno en 2006, prometió lo contrario. Repudió el pasado neoliberal, juró no usar el Estado como botín y anunció una revolución moral. Incluso aprobó una nueva Constitución para dejar constancia solemne de que esta vez iba en serio.
No lo fue.
Con el tiempo, los nuevos líderes del “proceso de cambio” reconstruyeron el viejo sistema: poder político usado para acumular más poder político y poder económico, sin controles reales.
No había justicia independiente donde denunciar abusos.
No había árbitro electoral imparcial.
No había pluralismo informativo.
No había vigilancia efectiva contra el narcotráfico ni contra la corrupción.
El resultado de casi dos décadas fue previsible: ruina económica, colapso institucional y guerra interna por el botín estatal. Como ocurre siempre en regímenes sin límites, el poder terminó devorándose a sí mismo.
Esa etapa terminó en octubre. Y el péndulo volvió.
Regresó al poder la élite de los 90, con el mismo discurso que escuchamos en 2006: ahora sí, todo cambiará.
¿Primer acto? Uso inmediato del Estado para beneficio propio: adiós al impuesto a las grandes fortunas.
El 5 de enero, el economista Gonzalo Colque explicó con claridad quién gana con el nuevo esquema: el sector agroindustrial de Santa Cruz. Importaciones sin aranceles, sin IVA, sin excepcionalidad temporal. Lo extraordinario se volvió permanente por decreto.
No es ideología: son datos.
Entonces se entiende mejor por qué algunos empresarios que antes apoyaban a otros candidatos hoy orbitan alrededor de Rodrigo Paz. No es afinidad doctrinal: es la vieja tentación del control estatal como vía rápida al poder ilimitado y a la impunidad.
El 22 de diciembre pasado, en Chile, fue descubierto un cargamento de madera impregnada con cocaína proveniente de Bolivia. El hecho es público, verificable y grave. Lo que no es público —y eso es aún más grave— es el nombre de la empresa exportadora. Hasta hoy, el gobierno guarda silencio. No investiga con transparencia. No informa. Esconde.
Por eso viven de la política. Por eso regresan siempre. El poder no es un medio: es el negocio.
En el medio queda el ciudadano común, atrapado entre dos élites que se disputan el Estado. ¿Es responsable por haber votado por ellas? Quizá menos que por justificar sus abusos cuando gobiernan “los nuestros”.
El poder sin límites conduce inevitablemente a la corrupción. El poder limitado, en cambio, produce transparencia y desarrollo equitativo.
Franklin D. Roosevelt, uno de los presidentes más populares de Estados Unidos, intentó controlar la Corte Suprema en 1937. La propuesta fue legalmente posible, políticamente tentadora… y democráticamente rechazada. Incluso jueces que simpatizaban con sus políticas se opusieron.
Uno de ellos, Louis Brandeis, dejó una frase histórica: “Las condiciones extraordinarias pueden exigir remedios extraordinarios. Pero no crean ni amplían el poder constitucional.”
Por eso, Estados Unidos es un país desarrollado.
¿Y en Bolivia? Frente a artículos inconstitucionales en decretos del actual gobierno, el presidente del Tribunal Supremo no puso límites: aplaudió. Ese aplauso no fortalece al gobierno ni a la democracia. Comunica algo mucho más grave: que la ley no se aplicará cuando el poder esté involucrado.
Entonces, nada cambió.
La disputa por el poder en Bolivia sigue siendo a muerte. No para transformar el país, sino para beneficiarse de él.
¿Qué le queda a la sociedad civil? Algo mínimo y radical: coherencia. No permitir al gobierno que apoyas lo que no permitías al gobierno que odiabas.
Los límites no debilitan al poder: lo civilizan.
La vigilancia no estorba: protege.
Si los gobernantes de hoy hubieran escuchado a Sayuri Loza y a Gonzalo Mendieta en Harvard, quizá habrían evitado un conflicto que ya cumple treinta días. Pero escuchar exige algo que el poder rara vez tolera: aceptar límites.
Por Andrés Gómez Vela
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