Empresas públicas deficitarias en Bolivia generan presión fiscal y debate sobre su sostenibilidad económica
Por Fernando Romero
Bolivia, 08 de abril de 2026. – Las empresas públicas en Bolivia cumplen un rol económico y social importante, pero su sostenibilidad financiera se ha convertido en un problema estructural. En esencia, estas empresas existen para garantizar el acceso a servicios básicos, corregir fallas de mercado y resguardar sectores estratégicos como energía, transporte o alimentos. Sin embargo, el hecho de que muchas operen con pérdidas sostenidas implica que el Estado debe transferir recursos públicos para mantenerlas en funcionamiento, lo cual presiona el déficit fiscal, reduce la disponibilidad de divisas y limita la capacidad del gobierno para atender otras prioridades. El problema no es la existencia de subsidios en sí, sino las ausencias de criterios técnicos claros para definir cuáles empresas deben ser subsidiadas, en qué magnitud y bajo qué condiciones de eficiencia.
El análisis comparativo entre las gestiones 2024 y 2025 evidencia un deterioro significativo en la situación financiera de las empresas públicas. En 2024, las empresas más deficitarias incluían a Mi Teleférico (Bs. -199,7 millones), YLB (Bs. -196,6 millones) y la Empresa de Producción Agropecuaria (Bs. -49,7 millones), entre otras. Para 2025, no solo se mantienen algunas de estas empresas, sino que se incorporan otras con déficits mucho más elevados, destacando YPFB* con una pérdida (UTILIDAD EN EJERCICIO) de Bs. 250,7 millones, YLB con Bs. -231,7 millones, Mi Teleférico con Bs. 163,2 millones y BOA con Bs. -138,1 millones. Este cambio muestra que el problema no solo persiste, sino que se ha intensificado y concentrado en empresas de mayor tamaño e importancia estratégica. Además, se observa la aparición de empresas productivas como EBA (Bs. -104,2 millones) y ECEBOL (Bs. -56,3 millones), lo que evidencia fallas en modelos de negocio que deberían generar ingresos.
Un aspecto clave del análisis es el caso de YPFB, que refleja una situación aparentemente contradictoria. Si bien en 2025 no presenta déficit corriente en su operación, sí registra una pérdida económica de Bs. 250,7 millones cuando se consideran costos reales como depreciaciones, subsidios, tipo de cambio y costos financieros. Esto significa que la empresa funciona en el corto plazo, pero destruye valor en términos económicos. La principal causa es el subsidio a los carburantes, donde se importa combustibles a precios internacionales y se vende a precios regulados significativamente más bajos, generando pérdidas por cada unidad comercializada. A esto se suman factores como la dependencia de importaciones, la presión cambiaria y los costos estructurales del sector energético, lo que configura un problema de carácter estructural y no coyuntural.
Todo esto se puede complicar más aun en este 2026 debido al conflicto bélico en medio oriente. Con un barril de petróleo por encima de 100usd sería lapidario
para YPFB y la economía boliviana, lo cual se traduciría en un mayor gasto público para importar y subvencionar carburantes, una creciente tensión cambiara (divisas) y una inflación que podría volver a los 2 dígitos.
Por otro lado, casos como BOA llaman particularmente la atención, ya que opera en un mercado con características monopólicas, lo que en teoría debería permitirle ser rentable. Su déficit de Bs. -138,1 millones sugiere problemas de eficiencia operativa, sobrecostos o deficiencias en la gestión empresarial. De manera similar, empresas como YLB, EBA o ECEBOL presentan pérdidas elevadas pese a tener objetivos productivos, lo que indica problemas de diseño, baja productividad o inversiones que no están generando los retornos esperados. En contraste, otras empresas muestran relaciones más estables entre pérdidas y patrimonio, lo que sugiere una mejor gestión relativa o menor riesgo financiero.
Este panorama evidencia la necesidad urgente de diferenciar entre tipos de empresas públicas. Existen aquellas con un claro rol social, como Mi Teleférico, donde cierto nivel de subsidio puede justificarse por su impacto en movilidad urbana y bienestar. No obstante, incluso en estos casos, el déficit no debe ser ilimitado ni creciente, sino controlado y evaluado periódicamente. En segundo lugar, están las empresas estratégicas como YPFB o BOA, que deberían ser sostenibles y eficientes, ya que operan en sectores clave o con ventajas de mercado. Finalmente, existen empresas productivas que deberían generar utilidades, pero que actualmente presentan pérdidas estructurales, constituyendo el mayor riesgo para las finanzas públicas.
En este contexto, surge la pregunta central de política pública ¿Qué debería hacer el gobierno frente a este escenario? La respuesta debe ser técnica y pragmática, diferenciando claramente el tratamiento según el tipo de empresa. En primer lugar, el gobierno debe implementar una evaluación integral obligatoria para cada empresa pública, que analice su rentabilidad, flujo de caja, impacto social y sostenibilidad en el tiempo. Esta evaluación debe permitir clasificar a las empresas en tres grupos: sociales, estratégicas y productivas. Las empresas sociales pueden recibir subsidios, pero estos deben ser explícitos, transparentes y sujetos a metas de eficiencia y reducción progresiva del déficit. Las empresas estratégicas, como YPFB y BOA, deben someterse a reformas estructurales que mejoren su eficiencia, incluyendo la revisión de modelos de precios, reducción de costos y fortalecimiento de su gestión. En el caso de YPFB, esto implica abordar el problema del subsidio a los carburantes y su impacto en la rentabilidad. En el caso de BOA, se requiere una auditoría técnica independiente que identifique fallas operativas y posibles ineficiencias en su estructura de costos.
Por otro lado, las empresas productivas deficitarias deben ser objeto de decisiones más firmes. Si no logran demostrar viabilidad económica en el mediano plazo, el gobierno debe considerar procesos de reestructuración profunda, alianzas público-privadas o incluso su cierre ordenado. Las alianzas
público-privadas son especialmente relevantes en sectores como el litio, la industria cementera o la producción de alimentos, donde el sector privado puede aportar capital, tecnología y eficiencia operativa. Asimismo, la privatización debe ser considerada como una herramienta técnica en aquellos casos donde no exista justificación social ni estratégica para mantener la empresa bajo control estatal. Todo este proceso debe estar acompañado de una mejora sustancial en el gobierno corporativo, incorporando directorios independientes, criterios de meritocracia y mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de reducir la interferencia política y mejorar la eficiencia en la gestión.
Conclusión
Bolivia enfrenta un problema estructural en la gestión de sus empresas públicas, caracterizado por déficits crecientes, baja eficiencia y ausencia de evaluación sistemática. El hecho de que incluso empresas monopólicas o estratégicas presenten pérdidas refleja fallas profundas en el modelo de gestión y en la política económica aplicada. No se trata de eliminar el rol del Estado en la economía, sino de gestionarlo con criterios técnicos, financieros y de eficiencia, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera óptima y sostenible en el tiempo.
Recomendaciones
• Implementar una evaluación técnica integral obligatoria para todas las empresas públicas, que determine su rentabilidad, impacto social y sostenibilidad, definiendo claramente cuáles deben ser subsidiadas, reestructuradas o cerradas.
• Reformar el modelo de gestión y gobierno corporativo, incorporando directorios independientes, criterios de meritocracia y auditorías externas, especialmente en empresas estratégicas como YPFB y BOA.
• Promover alianzas público-privadas y reestructuración empresarial, particularmente en empresas productivas deficitarias como YLB, EBA o ECEBOL, para mejorar eficiencia, atraer inversión y reducir la carga fiscal del Estado.
Mensaje final
Bolivia no enfrenta un problema por tener empresas públicas, sino por cómo se las gestiona. Cuando estas empresas operan con pérdidas constantes, los recursos que las sostienen salen de todos los bolivianos, afectando la estabilidad económica, el acceso a dólares, la inflación y la calidad de los servicios públicos. El Estado debe asumir con responsabilidad que no puede seguir financiando indefinidamente ineficiencias, especialmente en un contexto de restricción fiscal.
Para el gobierno, el desafío es actuar con criterio técnico y no político; debe evaluar, corregir, reestructurar o cerrar empresas según su desempeño real. No todas deben ser rentables, pero todas deben ser eficientes, transparentes y
evaluadas. Para la población, es importante entender que los subsidios y las empresas públicas tienen un costo, y que exigir eficiencia y resultados es clave para proteger los recursos del país.
Los recursos públicos son limitados, y su uso debe generar valor económico o social real, no pérdidas permanentes sin control. Empresas estatales con sellos ideológicos o políticos deben quedar atrás, eso no siembra desarrollo para el país.
RANKING EMPRESAS PÚBLICAS (NACIONALES) DEFICITARIAS 2025
Por Fernando Romero, economista
En base a datos recopilados de los estados financieros de las empresas nacionales o públicas de Bolivia obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, y de algunas rendiciones públicas de cuentas de algunas empresas estatales, se elaboró un ranking de las 10 empresas más deficitarias del país en la gestión 2025.
Este ranking refleja únicamente el déficit corriente, extraído de los resultados de gestión de sus Estados de Recursos y Gastos Corrientes de la gestión 2025, avalados y publicados por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y la Dirección General de Contabilidad Fiscal.
El ranking se expresa en la siguiente tabla:
| Nº | EMPRESA | DÉFICIT |
| PÚBLICA | CORRIENTE (Bs.) | |
| * | YPFB | -250.779.442,15 |
| 1 | YLB | -231.777.113,93 |
| 2 | MI TELEFÉRICO | -163.232.032,94 |
| 3 | BOA | -138.157.476,28 |
| 4 | EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS | -104.257.313,87 |
| 5 | ECEBOL | -56.365.434,00 |
| 6 | TAB | -26.964.966,97 |
| 7 | EMPRESA PÚBLICA YACANA | -26.279.482,37 |
| 8 | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | -18.687.772,00 |
| 9 | EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA | -15.857.326,93 |
| 10 | EMPRESA DE SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS | -13.514.355,17 |
Nota:
(*) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es un caso especial, ya que en la gestión 2025 presenta una UTILIDAD DEL EJERCICIO negativa (-) por un monto Bs. 250.779.442,15 en su ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES. Sin embargo, en el mismo, al final presenta una UTILIDAD NETA de Bs. 2.786.935,450.85; esto gracias a unos ajustes contables tales como el “Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes”.
A continuación, presentamos un cuadro resumen de los resultados de gestión de YPFB:
| AÑO | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Bs.) | UTILIDAD NETA (Bs.) |
| 2023 | -1.366.867.900,63 | 418.308.534,76 |
| 2024 | -11.090.455,18 | 1.093.685.069,31 |
| 2025 | -250.779.442,15 | 2.786.935.450,85 |
Elaboración: Propia
Fuente: MEFP -EEFF YPFB
Este ranking fue hecho con un corte al 05/04/2026, en base a los Estados de Recursos y Gastos Corrientes disponibles de las empresas nacionales dependientes del Gobierno Central. A la fecha no se cuenta con información de empresas tales la Metalúrgica de Vinto, Lacteosbol y varias otras más (que al día de corte no se observó la información requerida en sus sitios oficiales). Por lo que este ranking podría sufrir variaciones, una vez que se tenga disponible toda la información financiera necesaria.
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