El directorio de EMPRELPAZ acusó a la Fiscalía de La Paz de paralizar durante tres años un recurso jerárquico que impide enjuiciar a Miguel Ángel Núñez Gaspar por contratos lesivos al Estado. Los denunciantes exigen la destitución del ejecutivo y advierten con medidas de presión desde el 28 de noviembre.
La Paz, 18 de noviembre de 2026.- El directorio de EMPRELPAZ S.A., vinculada a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, denunció retardación de justicia y presunto encubrimiento en la Fiscalía de La Paz. El presidente y el secretario de la entidad, Florentino Ticona y Nelson Guachalla, señalaron en conferencia de prensa que la paralización procesal impide llevar a juicio oral al actual gerente general de DELAPAZ, Miguel Ángel Núñez Gaspar.
Los representantes recordaron que Núñez Gaspar fue acusado formalmente en 2023, cuando ya no ocupaba la gerencia, por el delito de contratos lesivos al Estado. El proceso responde a la compra de un terreno de 1,2 hectáreas en El Alto por Bs 1,4 millones, cuyo pago habría sido entregado a una persona que no era propietaria del inmueble. Aunque la Fiscalía solicitó diez años de cárcel, el juicio no avanza porque desde hace tres años permanece sin resolución un recurso jerárquico vinculado al sobreseimiento de dos acusados.
La dirigencia advirtió que el retorno de Núñez Gaspar a la Gerencia General de DELAPAZ, ocurrido hace aproximadamente un año, genera un conflicto de intereses al ejercer simultáneamente como parte acusadora, víctima y acusado en el mismo proceso. Los ejecutivos consideran que su permanencia implica un riesgo de obstaculización de la justicia por su influencia sobre abogados, auditores y funcionarios, por lo que exigieron medidas cautelares para apartarlo del cargo.
Los denunciantes informaron que hace dos meses comunicaron estas irregularidades al Viceministerio de Transparencia, a los ministerios de Hidrocarburos y de la Presidencia, y a ENDE, sin obtener respuestas efectivas. Tras rechazar supuestos respaldos de ejecutivos provinciales a la continuidad del gerente, advirtieron con iniciar medidas de presión desde el 28 de noviembre si no se destraba el proceso. “No se puede permitir que el principal acusado continúe controlando la empresa mientras el proceso permanece paralizado”, sostuvieron.
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