Miguel Ángel Balda denunció que un edificio vinculado a Harold Lora fue levantado sobre un terreno privado en La Paz mediante documentos falsificados por un notario fallecido. El representante legal confirmó el inicio de un juicio de desalojo que dejará sin vivienda a 50 familias y apuntó contra el exsubalcalde Vladimir Ávila.
La Paz, 18 de noviembre de 2026.- El primer propietario del predio y actual encargado de seguridad de Carlos López Aguilar, Miguel Ángel Valda, denunció el avasallamiento de un terreno privado en la Zona Sur de La Paz por parte de empresas vinculadas a Harold Lora (Las Loritas SRL y Naafel SRL). Según explicó en entrevista televisiva, la construcción del inmueble lleva entre siete y ocho años y actualmente está habitada por 50 supuestos copropietarios que tomaron posesión del lugar cuando estallaron los procesos contra el empresario.
Documentos falsificados y un notario fallecido
Balda aseguró que el derecho propietario del terreno continúa registrado legalmente a nombre de Carlos López Aguilar en Derechos Reales, respaldado con certificados treintenal, alodial, decenal, impuestos pagados y una certificación de la junta de vecinos que acredita más de 20 años de posesión. Para intentar cambiar el código catastral y obtener el certificado de tradición, los responsables habrían recurrido a un presunto «palo blanco» identificado como Rodrigo Portugal Inquillo.
El denunciante reveló que la operación se sustentó en una minuta de compraventa falsificada del año 2003. «Resulta que este notario había fallecido aproximadamente 6 años antes de efectuarse eso. Aparte de que ha fallecido, el año 96 ya dejó de trabajar en esa notaría», detalló Balda, señalando que cuentan con la certificación oficial de la notaría que confirma la inexistencia de dicha transacción.
A esto se suma la presunta presentación de documentos pertenecientes a otro terreno ubicado varias cuadras más abajo. Balda indicó que los planos no encajan con la superficie real y superan el ancho del edificio, superponiéndose incluso sobre la mitad de las casas vecinas.
Presunta complicidad municipal y oferta de soborno
En su declaración, Balda señaló directamente al exsubalcalde de la Zona Sur, Vladimir Ávila Pinto, como la autoridad que autorizó la construcción ilegal. Tras ignorar reiteradas cartas de reclamo, el exfuncionario fue obligado a responder mediante un amparo constitucional, instancia en la que negó conocer el caso o haber otorgado permisos.
No obstante, el denunciante afirmó que, de acuerdo con información surgida en una reunión con los propios ocupantes, Vladimir Ávila tendría un departamento registrado a su nombre en el mismo edificio. Balda añadió que el grupo de Lora acostumbraba ofrecer inmuebles para lograr respaldo y reveló un intento de soborno hacia su persona: «A mi persona me ofrecieron un departamento a cambio de que yo refutara quién era el derecho propietario de Carlos López».
Juicio de desalojo y rechazo a la conciliación
La defensa de López confirmó la activación de dos procesos judiciales. El primero es un juicio de desalojo ya iniciado, el cual durará entre año y medio y dos años hasta obtener una orden de desapoderamiento. El segundo corresponde a una nulidad de venta que se presentará en los próximos días, debido a que hace unos cinco años Lora se comprometió a comprar el terreno para evitar perjuicios, entregó un anticipo y luego desapareció sin cancelar el saldo.
Balda explicó que hace seis meses entregaron una carta notariada y un archivo digital de 14 megas con pruebas documentales a la directiva de los ocupantes para buscar un acuerdo, pero recibieron una respuesta hostil. «Carlos López y mi persona vamos a hacer directamente un desalojo para vaciar el edificio completamente y tomar posesión de eso. Lastimosamente, eso se va a traducir en que los 50 supuestos copropietarios van a perderlo todo«, advirtió, denunciando además que los habitantes cortaron los servicios de agua y luz a una fracción superior del terreno desde hace tres años.
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