El presidente de la CIPOAP y su familia sufren intimidaciones tras accionar legalmente contra la minería aurífera. Las organizaciones exigen seguridad estatal y rechazan las exigencias de la Fiscalía hacia las comunidades afectadas.
La Paz, 29 de octubre de 2026. — La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia denunció que el presidente de la CIPOAP, Javier Fernández Tuno, recibió amenazas anónimas de muerte. Las intimidaciones se extienden al entorno familiar del dirigente y buscan frenar el control territorial en la zona.
La organización atribuye los ataques a las recientes acciones legales impulsadas por el Territorio Indígena Multiétnico II. Estas medidas exigen la paralización de la explotación aurífera sobre el cauce del río Madre de Dios y protección ecosistémica.
«Las denuncias responden a una preocupación colectiva por las comunidades amazónicas y no a intereses particulares», afirmó el presidente de la CIPOAP, Javier Fernández Tuno. La dirigencia solicitó garantías inmediatas al Tribunal Agroambiental y a la Policía Boliviana.
Paralelamente, el Ministerio Público de Pando exigió a las comunidades presentar estudios de laboratorio sobre contaminación por metales en un plazo de 24 horas. La CIPOAP rechazó que la responsabilidad de demostrar técnicamente el daño ambiental recaiga sobre los pobladores.
La Defensoría del Pueblo advirtió formalmente que exigir informes científicos especializados en plazos reducidos vulnera el derecho al acceso a la justicia.
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