La abrogación de la reserva genera alarma ante el avance de la minería aurífera y la deforestación. La alcaldesa Rosmery Molina justificó la medida alegando problemas en la titulación de tierras, mientras desde el Senado exigen un informe sustentado.
Pando, 27 de octubre de 2026. — El gobierno municipal de Sena, en el departamento de Pando, abrogó la ley que consolidaba el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Gran Manupare, dejando sin protección legal a 452.639 hectáreas de territorio amazónico. La decisión fue promulgada por la alcaldesa Rosmery Molina y ha desatado una profunda preocupación entre especialistas y organizaciones ambientales debido a la inminente amenaza que representa la expansión de la minería de oro y la tala indiscriminada en la región.
La alcaldesa justificó la eliminación del estatus de protección argumentando que la creación de la reserva, en enero de 2024, no contó con el consenso unánime de las 56 comunidades que habitan la zona y obstaculizaba sus trámites de titulación de tierras. Esta versión fue contradicha por el exalcalde Jaime Aguirre, gestor de la norma original, quien aseguró que el proceso contó con talleres y consultas debidamente documentadas. Por su parte, especialistas en conservación advirtieron que la categoría ANMI estaba diseñada precisamente para compatibilizar la protección de la biodiversidad con las actividades económicas locales, como la pesca y la recolección de castaña y asaí.
El territorio ahora despojado de blindaje legal posee un 97% de bosques con alta integridad ecológica y resguarda 9,2 millones de toneladas de carbono, siendo vital para la regulación climática. Además, alberga más de 1.300 especies de flora y fauna, incluyendo especies clave como el jaguar, la londra y el árbol de mara. La pérdida de protección incrementa la vulnerabilidad del sector frente a las operaciones extractivas ilegales ya detectadas en los ríos Madre de Dios y Manupare.
Ante la gravedad del hecho, la senadora por Pando, Carolina Giese, interpuso una Petición de Informe Escrito (PIE) para exigir al ejecutivo municipal los fundamentos técnicos, administrativos y legales que motivaron la abrogación. Mientras se aguardan las respuestas oficiales, la medida pone en entredicho las políticas de preservación del Estado frente al avance de los intereses extractivistas en la Amazonía boliviana.
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