La familia de la víctima y su defensa exponen graves irregularidades en la investigación, incluyendo la alteración de informes médicos y la desaparición de órganos durante la autopsia. Exigen la intervención del Fiscal General de la Nación.
La Paz, 23 de octubre de 2026.- A siete meses de la muerte de Pablo Reboso, un destacado cadete de 18 años originario de Oruro, el caso destapa una presunta red de encubrimiento dentro de la Academia Nacional de Policías (Anapol) y el Ministerio Público. La familia de la víctima denuncia que el joven no solo sufrió agresiones físicas fatales, sino que fue víctima de violencia sexual continuada bajo el conocimiento de sus superiores.
Las revelaciones presentadas por Abigail, hermana de la víctima, son escalofriantes. Según su testimonio, el Hospital Metodista emitió un informe inicial confirmando un «desgarro anal en el radial 12». Sin embargo, la irregularidad más grave y dolorosa ocurrió durante la autopsia: los forenses extrajeron el conducto anal y el ano del fallecido sin ninguna autorización ni notificación a la familia. Además, la ropa interior que el joven llevaba al ingresar de emergencia desapareció misteriosamente y jamás fue devuelta en las bolsas de evidencias.
El Dr. Prieto, abogado de la familia, fue tajante al calificar al Ministerio Público como una institución «demasiado corrupta». El jurista condenó enérgicamente que oficiales utilicen su poder e investidura para someter a cadetes, convirtiéndolos prácticamente en un «servidor sexual», y lamentó que la justicia actual encubra a los altos mandos. Según la defensa, existen médicos que alteraron informes posteriores y fiscales que obstaculizan deliberadamente la búsqueda de la verdad para proteger a los verdaderos autores de la tragedia.
Frente a este escenario de impunidad, la defensa y los medios de comunicación exigen la intervención inmediata del nuevo Fiscal General de la Nación. Solicitan que se organice una comitiva para auditar todo el proceso llevado por el fiscal actual y que se amplíen las investigaciones hacia los mandos jerárquicos que ordenaron el silencio institucional, garantizando que este acto criminal no quede impune.
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