El proyecto propone suprimir al 100% las rentas de exmandatarios y reducir drásticamente los jugosos sueldos de asambleístas y ministros. Ante la indiferencia y el rechazo de la clase política, los impulsores recolectan firmas en todo el país.
La Paz, 23 de octubre de 2026.- El hartazgo ciudadano frente a los privilegios del poder político ha tomado forma a través del proyecto «Basta Ya», una iniciativa que exige la eliminación de las rentas vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes, así como la reducción de los salarios de las altas autoridades del Estado. Roger Suntura, impulsor de esta medida, explicó que el objetivo es terminar con los sueldos jugosos del órgano ejecutivo y legislativo, donde diputados y senadores perciben ingresos superiores a los 23.000 bolivianos mensuales.
El impacto económico de esta medida está meticulosamente calculado. Según Suntura, la supresión total de rentas a exmandatarios, sumada a la reducción salarial del 50% para el Ejecutivo y Legislativo, y del 20% para cargos jerárquicos, generaría un ahorro al Estado de exactamente Bs 106.707.722 con 40 centavos. «No es una ganancia, es recuperar porque esa plata es de los bolivianos (…) y que se vaya, discúlpenme el término, al tacho, que se vaya al bombo esta plata, a la basura, creo que no está nada bien», aseveró contundentemente el representante.
Lejos de buscar un simple recorte, el proyecto «Basta Ya» tiene un fin profundamente social y urgente. Los impulsores planean blindar estos millonarios recursos para destinarlos íntegramente al proyecto denominado «Salud y Vida», enfocado en la atención directa y gratuita a enfermos con cáncer. La intención es brindar alivio a las familias y pacientes que actualmente lloran en los pasillos de los hospitales por la falta de recursos y atención estatal.
Sin embargo, la propuesta ha chocado contra la indiferencia absoluta de los políticos que, en tiempos de campaña electoral, prometieron austeridad. Suntura denunció que durante la presentación oficial del proyecto en un céntrico hotel, se invitó a diputados y senadores de distintas bancadas, pero «nadie vino ayer, ni un diputado». Además, señaló que autoridades como Manolo Rojas o Claudia Bilbao, quienes prometían actuar a favor del pueblo, hoy evaden el tema o actúan como escudos de las viejas estructuras de poder.
Frente al bloqueo político, la vía elegida es la presión popular. Amparados en el artículo 162 de la Constitución Política del Estado, los promotores del proyecto se han lanzado a las calles a recolectar firmas con el objetivo de alcanzar los 3 millones de respaldos a nivel nacional antes del mes de enero. Es un llamado directo a la población para ejercer su soberanía y obligar a que estos recursos dejen de financiar lujos políticos y comiencen a salvar vidas.
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