El Viceministerio de Transparencia reveló que los implicados amasaron fortunas injustificadas, llegando uno de ellos a acumular más de medio millón de bolivianos. Los acusados fueron destituidos y enfrentan procesos penales por enriquecimiento ilícito.
Potosí, 22 de octubre de 2026. — El Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Transparencia, informó sobre la desarticulación de una red de corrupción que operaba al interior de la administración regional de la Aduana Nacional en Potosí. Tres exfuncionarios fueron identificados como los responsables de exigir sobornos que oscilaban entre los 500 y 1.000 bolivianos por cada camión con mercadería de contrabando que permitían transitar por las rutas del departamento, dependiendo del tamaño del motorizado.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, detalló que las investigaciones se originaron a raíz de una denuncia recibida el 15 de septiembre de 2025, la cual alertaba sobre el paso irregular de un convoy de 48 camiones en la ruta que conecta la frontera de Villazón con la ciudad de Potosí. A partir de este reporte, las autoridades activaron un riguroso rastreo financiero para cruzar los datos patrimoniales de los servidores públicos bajo sospecha.
Las indagaciones revelaron que los tres exfuncionarios registraban movimientos económicos completamente desproporcionados en relación con sus salarios formales, confirmando la existencia de una red dedicada habitualmente a esta actividad ilícita. García precisó que uno de los implicados logró acumular recursos por Bs 554.000 sin justificación legal. Los otros dos involucrados registraron ingresos irregulares por Bs 166.000 y Bs 70.000, montos que, al carecer de congruencia con sus perfiles económicos, fueron catalogados directamente como enriquecimiento ilícito.
Tras evidenciarse estas irregularidades, los tres acusados fueron inmediatamente desvinculados de la institución aduanera. Paralelamente, el caso ya fue formalizado ante el Ministerio Público, instancia donde los exfuncionarios enfrentan un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. El viceministro remarcó que la responsabilidad penal de los involucrados seguirá su curso de manera independiente a su destitución laboral.
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