El país ocupa el puesto 130 de 143 a nivel global según el reporte 2026 del World Justice Project. Especialistas advierten que la falta de seguridad jurídica ahuyenta las inversiones extranjeras y evidencia el fracaso de la reforma judicial.
Sucre, 22 de octubre de 2026. — El Índice Mundial de Estado de Derecho 2026, elaborado por el prestigioso World Justice Project (WJP), ubica a Bolivia en el puesto 130 de 143 países evaluados, manteniendo a la nación en la cola de los rankings globales de institucionalidad y transparencia. A nivel de América Latina y el Caribe, el país ocupa el puesto 29 de 32, superando únicamente a Nicaragua, Haití y Venezuela, Estados fuertemente cuestionados por la comunidad internacional debido a vulneraciones de derechos fundamentales.
El reporte internacional evalúa ocho factores estructurales, revelando que Bolivia registra sus indicadores más críticos en las áreas de justicia penal, justicia civil y ausencia de corrupción. En el ámbito de la justicia penal, el país se posiciona como el segundo peor sistema del planeta (puesto 141 de 142) y el penúltimo en la región (31 de 32), arrastrado por severas deficiencias en las labores de investigación investigativas y una profunda ineficiencia procesal.
La crisis institucional también se refleja en la justicia civil y en los niveles de transparencia, donde el Estado boliviano cae hasta el puesto 140 de 143 a escala global. Según los datos del WJP, esta calificación negativa responde directamente a la alta percepción de impunidad y a la constante injerencia política en las instituciones. Como única contraparte positiva, la mejor calificación de Bolivia recae en el indicador de «Gobierno Abierto», donde alcanza el puesto 87 a nivel mundial y 23 a nivel regional.
A pesar de haber subido un escaño respecto a la medición de 2025, el histórico del índice evidencia que, desde 2015, Bolivia no ha logrado salir del fondo de la tabla debido a constantes retrocesos y estancamientos.
Ante estos resultados, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), Arturo Yáñez, expresó su profunda preocupación por la imagen que proyecta el país hacia el exterior. El jurista calificó los datos como un «desastre» institucional y aseguró que evidencian el fracaso de las promesas gubernamentales de llevar adelante una verdadera reforma judicial. “Somos prácticamente un estado de no derecho, una jungla y así jamás vamos a atraer inversiones que estamos rogando y clamando”, advirtió Yáñez, subrayando el severo impacto económico y comercial que genera la falta de seguridad jurídica.
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