Los investigados presuntamente cobraban entre medio y un sueldo entero a los empleados bajo la amenaza de desvinculación. La Policía secuestró equipos y documentación, mientras el Ministerio Público prepara la imputación formal por concusión y cohecho pasivo.
La Paz, 22 de octubre de 2026. — Dos funcionarios de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico (AISEM) fueron aprehendidos en las últimas horas, tras ser denunciados por presuntamente cobrar altas sumas de dinero a los trabajadores de la institución a cambio de garantizar su estabilidad laboral. La intervención a las oficinas estatales fue ejecutada tras una acción coordinada entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público.
La jefa de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mayor Deysi Mercado, informó que el fiscal de turno determinó la aprehensión de ambos sujetos por el lapso de 24 horas, abriendo una investigación formal por los presuntos delitos de concusión y cohecho pasivo. Durante el operativo, los investigadores procedieron al secuestro de equipos CPU, dos teléfonos celulares y diversa documentación vinculada al caso.
El escándalo salió a la luz pública gracias al impulso de la diputada de la agrupación Libre, Cecilia Vargas, quien gestionó la intervención tras recibir múltiples denuncias anónimas. De acuerdo con la legisladora, los sindicados exigían a los funcionarios el pago de montos equivalentes a medio sueldo e incluso un salario entero, camuflados bajo la figura de un supuesto «aporte para la institución». Quienes se negaban a cumplir con esta cuota extorsiva, eran amenazados con la desvinculación inmediata.
Actualmente, las autoridades se encuentran tomando las declaraciones correspondientes y se confirmó que el caso ya cuenta con «testigos protegidos», resguardando así la identidad de las víctimas que temían represalias. Se prevé que en las próximas horas los investigados sean imputados formalmente ante un juez cautelar para definir su situación jurídica, mientras que la FELCC no descarta que la investigación se amplíe a otras personas presuntamente implicadas en esta red de cobros irregulares.
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