Las propuestas archivadas incluyen la restricción del mercurio, la protección penal contra incendios forestales y la defensa de áreas protegidas. Expertos y legisladores advierten sobre trabas técnicas, falta de voluntad política y la influencia del sector extractivista.
La Paz, 17 de octubre de 2026. — La Asamblea Legislativa Plurinacional mantiene en el archivo al menos diez proyectos de ley estratégicos destinados a la protección del medioambiente, la fauna silvestre y la regulación de actividades extractivas, presentados desde la gestión 2020. De acuerdo con los registros oficiales, la Cámara de Diputados cuenta actualmente con 2.752 proyectos de ley archivados y solo 809 en etapa de tratamiento, lo que refleja un estancamiento en la agenda ecológica nacional frente a la crisis climática y ambiental.
Entre las normativas engavetadas destacan la “Ley para la Eliminación Progresiva del Mercurio en la Minería y la Protección de la Salud Pública” y propuestas para declarar prioridad nacional el uso de la tiourea como alternativa limpia de lixiviación. Asimismo, fueron postergadas iniciativas para incluir tipificaciones penales contra la minería ilegal y los incendios forestales —que en 2024 arrasaron más de 12,5 millones de hectáreas—, así como proyectos para garantizar combustible a los bomberos voluntarios y proteger especies amenazadas como el gato andino (Leopardus jacobita). En el ámbito territorial, se frenó la elevación a rango de ley del Parque Nacional Madidi y el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
La diputada Cecilia Requena, de la alianza Unidad, explicó que gran parte de estas propuestas terminan en el archivo debido a la falta de informes técnicos rigurosos y a la escasez de personal especializado en las comisiones legislativas para gestionar decenas de proyectos complejos. Requena, quien impulsa la reposición de normas sobre bioinsumos y áreas protegidas, señaló que la inexperiencia en el procedimiento parlamentario de los nuevos asambleístas, que asumieron en noviembre de 2025, también retrasa el debate. “Cada proyecto de ley necesita un trabajo técnico muy arduo, también social y político. Y es eso lo que explica por qué no se aprueban», detalló.
Para otros especialistas, el estancamiento responde directamente a presiones sectoriales. Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), atribuyó este escenario a la falta de voluntad política para fiscalizar al sector aurífero. “Dejar a un lado estas leyes se debe a un factor político partidario que se ejerció con las cooperativas mineras para sepultar cualquier iniciativa que tenía como misión normar dichas actividades”, remarcó Zaconeta.
En paralelo a la inacción legislativa, Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, denunció que la vía administrativa facilita la flexibilización ambiental. Monasterio alertó sobre la existencia de al menos 269 derechos mineros «preconstituidos» que afectan a 15 áreas protegidas, siendo Apolobamba, Cotapata y Madidi las más vulneradas. Adicionalmente, advirtió sobre el avance del proyecto de ley 727, impulsado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, el cual busca que los contratos mineros sean aprobados directamente por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), evadiendo el control obligatorio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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