Una comisión de fiscales de La Paz procesó al Fiscal General del Estado, a otros dos altos funcionarios del Ministerio Público y a un jefe policial por tráfico y organización criminal. Uno de los imputados fue sorprendido sustrayendo documentos oficiales en Sucre.
La Paz, 02 de octubre de 2026. — La crisis institucional al interior del Ministerio Público dio un nuevo giro tras confirmarse que una comisión de fiscales especializados en delitos de narcotráfico de La Paz emitió una imputación formal en contra del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, los fiscales Alberto Zeballos y Martín Daniel Irusta, y el capitán de Policía Rubén Aparicio. Los cuatro funcionarios enfrentan graves cargos por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La acción judicial fue ratificada públicamente por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para abordar la situación de la máxima autoridad fiscal. “La imputación atribuye provisionalmente a los cuatro imputados participación en una supuesta organización que habría facilitado actividades vinculadas al tráfico”, detalló Oviedo.
De acuerdo con el documento acusatorio elaborado por los fiscales Daniel Portales y Edwin Sarmiento, la investigación tiene como principal asidero las recientes declaraciones en video del prófugo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien hizo mención directa a Mariaca y Aparicio. Estos elementos detonaron una serie de allanamientos en inmuebles vinculados a los sindicados, derivando en el megaoperativo de aprehensión.
El requerimiento revela, además, detalles agravantes sobre las capturas de Zeballos e Irusta. En el caso específico del fiscal superior Martín Irusta, el documento señala que fue sorprendido en flagrancia mientras intentaba sustraer documentación de las instalaciones de la Fiscalía General con sede en Sucre. A esto se suman observaciones sobre presuntas irregularidades previas en su nombramiento jerárquico.
Argumentando la alta probabilidad de autoría en la conformación de esta red de protección ligada a Marset, y advirtiendo un inminente riesgo de fuga y de obstaculización en las investigaciones, la comisión fiscal ha solicitado a la autoridad jurisdiccional que se dicte la detención preventiva por el lapso de seis meses para Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio.
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