Una investigación internacional revela el dramático impacto ambiental en la comunidad indígena leco de Tomachi, en Teoponte. El ecosistema original fue reemplazado por sedimentos y residuos químicos, obligando a los pobladores a montar guardia para proteger sus últimos arroyos.
La Paz, 25 de septiembre de 2026. — Décadas de explotación aurífera incontrolada han transformado de manera irreversible la cuenca del río Kaka, dejando una profunda huella de destrucción ambiental que hoy puede medirse desde el espacio. De acuerdo con la investigación «Aguas Partidas», coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y publicada por el periodista Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam, la microcuenca que atraviesa la comunidad indígena leco de Tomachi ha perdido casi la mitad de su superficie de agua natural.
El estudio, sustentado en datos satelitales de MapBiomas Agua y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), revela que entre los años 2000 y 2023, el caudal natural en este sector se redujo drásticamente de 1.945 a apenas 992 hectáreas. En contraste, la intervención de la maquinaria minera provocó la aparición de 1.454 hectáreas de pozas artificiales, alterando por completo la morfología y el flujo del afluente.
La devastación tiene un impacto directo y cotidiano sobre la vida del pueblo leco. El río Kaka, que históricamente proveía agua cristalina, rutas de navegación y sustento, hoy presenta un cauce deformado —que pasó de tener 200 metros de ancho a medir entre 500 y 700 metros en algunos tramos— y colapsado por lodo, arena y escombros. José Cartagena, presidente del Comité de Agua de Tomachi, testificó ante los investigadores que hace cuatro décadas era común pescar pacú, surubí y bagres, además de beber directamente del río; una práctica que hoy resulta absolutamente imposible por el nivel de contaminación.
A la destrucción física del lecho del río se suma la amenaza química. Los comunarios denunciaron la constante presencia de residuos de mercurio, diésel y lubricantes desechados por las dragas, planchones y retroexcavadoras que operan en la zona. Especialistas citados en el informe advierten que estos agentes tóxicos se desplazan a lo largo de las cuencas, degradando hábitats acuáticos y expandiendo el daño mucho más allá de los puntos de extracción.
Pese a los intentos estatales por frenar la minería ilegal, el control en la zona es frágil. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ejecutó diversos operativos, enfrentando incluso ataques violentos en septiembre de 2025 que obligaron a sus funcionarios a replegarse. En marzo de 2026, una intervención conjunta con la Armada Boliviana en el sector de Mayaya logró el decomiso de maquinaria y la destrucción de campamentos clandestinos. Sin embargo, los pobladores alertan que los mineros ilegales reanudan sus operaciones en cuanto las autoridades abandonan el territorio.
Frente a la pérdida casi total del río Kaka, los habitantes de Tomachi han volcado sus esfuerzos a la defensa estricta de dos pequeños arroyos que aún conservan agua limpia. Roxana Pizza Tupa, presidenta del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), manifestó la determinación de su comunidad de declarar y proteger estas quebradas como reservas hídricas intocables. Para el pueblo leco, custodiar estas últimas fuentes de vida es la única garantía para evitar que se repita la tragedia ambiental que destruyó su principal río.
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