La Federación de Juntas Vecinales de La Paz denunció afectaciones a derechos humanos por los bloqueos y anunció acciones ante instancias internacionales.
La Paz, 03 de junio de 2026. – La Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) denunció este miércoles que los bloqueos instalados en diferentes rutas del departamento afectan derechos fundamentales de la población y anunció que presentará denuncias ante organismos internacionales.
El presidente de la organización, Jorge Paredes, afirmó que las medidas de presión provocaron una situación de escasez de alimentos, medicamentos, insumos y combustible en la ciudad. «La COB y los Túpac Katari nos están asfixiando, nos están bloqueando, nos están queriendo matar de hambre. Es un grave atentado en contra de los derechos humanos».
El dirigente informó que la organización vecinal prevé presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las afectaciones derivadas de los bloqueos. Según la Fejuve, las restricciones en las carreteras se mantienen desde hace más de cuatro semanas y generaron dificultades en el abastecimiento de productos esenciales para la población paceña.
Paredes también expresó que los vecinos enfrentan complicaciones para acceder a alimentos, combustibles y medicamentos debido a la interrupción del tránsito en las principales vías de conexión con la sede de Gobierno. «Los vecinos estamos cansados. La ciudad de La Paz está siendo asfixiada».
La denuncia se produce mientras continúan las movilizaciones impulsadas por organizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Inicialmente, los sectores movilizados plantearon demandas de carácter económico y social; sin embargo, posteriormente concentraron sus exigencias en la salida del mandatario.
En paralelo, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y la oficina regional de derechos humanos de las Naciones Unidas han planteado la necesidad de priorizar mecanismos de diálogo para encontrar soluciones al conflicto.
Durante su pronunciamiento, Paredes sostuvo que las actuales medidas de presión tienen un carácter político y pidió al Gobierno adoptar acciones dentro del marco constitucional para garantizar la circulación y el abastecimiento en la ciudad. Asimismo, solicitó al Ejecutivo evaluar mecanismos legales para resguardar la seguridad de la población y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales mientras persistan los bloqueos.
La situación ocurre en un contexto de creciente preocupación por el abastecimiento de productos básicos y la continuidad de las movilizaciones que afectan a distintas regiones del país.
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