La CIDH expresó preocupación por la escalada de protestas en Bolivia desde mayo de 2026 y pidió diálogo ante impactos en derechos humanos.
La Paz, 02 de junio de 2026. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas registradas desde inicios de mayo de 2026 y advirtió sobre afectaciones a los derechos humanos y el impacto humanitario derivado de los bloqueos de carreteras.
La comisión señaló que las movilizaciones se desarrollaron en un escenario de crisis económica, polarización política y tensiones entre sectores sociales y el Estado, además de demandas vinculadas al empleo, abastecimiento de alimentos, combustibles y estabilidad económica. También identificó exigencias de derogación de medidas económicas y pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las protestas derivaron en al menos 70 cortes de ruta hasta el 27 de mayo, principalmente en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, mientras bloqueos en La Paz y El Alto dejaron interrumpida la conexión con otros departamentos y países vecinos.
El informe también detalló afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal y medicamentos, además de operativos estatales como el denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas” para facilitar el tránsito de insumos esenciales.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó al menos siete personas fallecidas en el contexto de las protestas, además de personas heridas, detenciones y procesos penales vinculados a los hechos de conflictividad social.
La CIDH también registró denuncias de agresiones contra periodistas, restricciones al trabajo de la prensa y ataques a equipos de comunicación durante la cobertura de las movilizaciones, junto con denuncias de daños a bienes públicos y privados en distintas ciudades del país.
En su pronunciamiento, la comisión reafirmó que la protesta social constituye un derecho protegido por los estándares interamericanos de derechos humanos y debe ser garantizada por los Estados, incluso cuando existan afectaciones a la vida cotidiana, siempre bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Asimismo, la CIDH advirtió que los bloqueos prolongados pueden generar impactos en otros derechos fundamentales, como el acceso a la salud y el abastecimiento de alimentos, por lo que llamó a priorizar el diálogo entre el Estado y los sectores movilizados.
La comisión exhortó a evitar la criminalización de la protesta, proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, y garantizar el funcionamiento de mecanismos de diálogo intercultural para reducir la conflictividad social.
Finalmente, la CIDH reafirmó su disposición de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante sus mecanismos de monitoreo y cooperación técnica para contribuir a la desescalada de tensiones y la protección de los derechos humanos en el país.
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