Organizaciones indígenas exigieron anular el acuerdo entre el Gobierno y la FENCOMIN al denunciar vulneraciones constitucionales y afectaciones a territorios y áreas protegidas.
La Paz, 22 de mayo de 2026. – La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) exigió la anulación inmediata del acuerdo firmado el 14 de mayo entre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN R.L.), al considerar que el convenio vulnera derechos colectivos y normas constitucionales. La organización afirmó que el acuerdo es “inconstitucional” y cuestionó que favorezca la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas.
Según el pronunciamiento, el convenio vulneraría disposiciones de la Constitución Política del Estado (CPE) vinculadas al dominio ancestral indígena, la protección de pueblos en situación de vulnerabilidad, la biodiversidad, las áreas protegidas y el carácter estratégico de la Amazonía. “El presidente Rodrigo Paz desconoce Sentencias Constitucionales que declaran a los Ríos Sujetos de Derechos, y pretende eliminar el rol de la Asamblea Legislativa al comprometer la aprobación de contratos mineros que no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”, señaló la CONTIOCAP en su manifiesto.
La organización también denunció que la expansión de la actividad minera, tanto legal como ilegal, afecta la seguridad hídrica, ecosistemas amazónicos y comunidades expuestas a contaminación por mercurio. Asimismo, cuestionó el papel del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y afirmó que la institución otorgó Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) en distintos proyectos extractivos.
En el documento, la CONTIOCAP sostuvo que parte del sistema cooperativista minero opera como una “fachada de grandes capitales externos” y expresó preocupación por hechos de violencia registrados en zonas de explotación minera.
La entidad señaló que áreas de alta biodiversidad, como el Parque Nacional Madidi, presentan restricciones para el ingreso de personal de control y vigilancia. Además, denunció agresiones contra periodistas y afirmó que existen situaciones de conflictividad vinculadas a actividades mineras.
Entre sus demandas, la organización pidió suspender la ampliación de zonas mineras, aplicar medidas contra la minería ilegal y abrir el debate sobre una nueva ley minera con participación de organizaciones sociales, pueblos indígenas, academia y sectores afectados. La CONTIOCAP también dirigió una advertencia a organismos de cooperación internacional y cuestionó el financiamiento de procesos de formalización de cooperativas mineras.
Hasta el cierre del pronunciamiento, el Órgano Ejecutivo no emitió una respuesta oficial sobre las observaciones presentadas por la organización indígena.
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