El analista Kevin Anibarro advierte que la Ley 1720, bajo un discurso de «modernización», busca reconfigurar el territorio boliviano para subordinar a comunidades indígenas ante el agronegocio y el extractivismo
Bolivia, 11 de mayo de 2026. – La Ley 1720 está siendo presentada ante el país bajo un discurso cuidadosamente elaborado alrededor de conceptos como “modernización”, “seguridad jurídica”, “productividad” y “libertad individual”. Sin embargo, detrás de ese lenguaje técnico y aparentemente neutral se encuentra una transformación mucho más profunda: la reconfiguración territorial de Bolivia bajo lógica de mercado y la progresiva subordinación de comunidades indígenas y campesinas a intereses económicos ligados al agronegocio, al extractivismo y a futuras dinámicas de apropiación transnacional de recursos estratégicos.
El debate alrededor de esta norma no es simplemente agrario. Es geopolítico.
Lo que está en disputa no es únicamente quién posee la tierra, sino quién controlará los territorios estratégicos del país durante las próximas décadas y bajo qué modelo económico, político y social se organizará Bolivia.
En Bolivia, la tierra nunca fue solamente tierra. El territorio representa memoria histórica, reproducción comunitaria, identidad colectiva, acceso al agua, producción alimentaria y control de recursos naturales. Por eso la fragmentación de la propiedad comunitaria no constituye una simple reforma jurídica: implica modificar la relación histórica entre las comunidades y el territorio para incorporar progresivamente esas tierras a la lógica de acumulación privada.
Diversos autores latinoamericanos han advertido que, bajo el neoliberalismo contemporáneo, los territorios comunitarios dejan de entenderse como espacios sociales y culturales para transformarse progresivamente en activos económicos integrados al mercado global. David Harvey definió este fenómeno como “acumulación por desposesión”: procesos mediante los cuales bienes colectivos, recursos naturales y territorios comunales terminan subordinados a dinámicas privadas de acumulación capitalista.
Las experiencias latinoamericanas demuestran que estos procesos siguen casi siempre el mismo patrón. Primero se instala discursivamente la idea de que la propiedad colectiva es improductiva, atrasada o incompatible con el desarrollo moderno. Luego se impulsa la individualización de la tierra como mecanismo de progreso y libertad económica. Finalmente, bajo condiciones profundamente desiguales, los territorios terminan absorbidos por dinámicas de concentración económica, especulación y apropiación empresarial de recursos estratégicos.
Bolivia comienza a ingresar peligrosamente en esa lógica.
Tanto en el Oriente como en el Occidente del país existen razones estructurales para que comunidades campesinas e indígenas observen con desconfianza la Ley 1720. Aunque las dinámicas regionales son distintas, ambas convergen en una misma preocupación histórica: el temor a perder soberanía territorial frente al avance de intereses económicos cada vez más concentrados.
En el Occidente boliviano, las comunidades perciben que la fragmentación de territorios colectivos puede abrir el camino para futuras dinámicas de apropiación privada sobre espacios con enorme valor estratégico. La transición energética mundial ha incrementado la disputa internacional por minerales críticos, litio, agua y tierras raras, recursos cuya importancia geopolítica crecerá aceleradamente en las próximas décadas debido a la competencia global por tecnologías, baterías, industria militar y control energético.
Bajo ese escenario, convertir territorios colectivos en propiedad fragmentada facilita procesos progresivos de compra, concentración y control externo de la tierra. El problema radica en que muchas veces las propias comunidades desconocen el valor estratégico completo de los recursos existentes bajo sus territorios, mientras actores económicos nacionales y transnacionales sí poseen información técnica, financiera y geológica suficiente para anticipar futuras disputas extractivas.
Por eso la preocupación en muchas regiones del Occidente no gira únicamente alrededor de la tierra como espacio agrícola, sino alrededor del territorio como reserva estratégica para el futuro.
Pero además existe otro elemento que el discurso tecnocrático raramente considera: la racionalidad productiva campesina.
Las comunidades campesinas no se relacionan con la tierra únicamente desde criterios de rentabilidad inmediata o productividad intensiva. Su lógica histórica de producción responde también a principios de equilibrio territorial, continuidad familiar, preservación del suelo y reproducción colectiva de la vida.
En muchas comunidades rurales todavía persisten prácticas agrícolas heredadas generacionalmente, como la rotación de cultivos, donde una parcela no se explota permanentemente bajo un solo producto, sino que alterna distintos sembradíos según los ciclos del suelo y los tiempos de recuperación de la tierra. Cultivos como papa, haba, avena forrajera y otros productos tradicionales forman parte de dinámicas agrícolas que buscan mantener fertilidad, diversificar producción y evitar el agotamiento del suelo.
No se trata solamente de una técnica agrícola. Expresa una forma distinta de relación con la tierra y con los tiempos de reproducción de la naturaleza.
Allí la tierra no es concebida exclusivamente como mercancía ni como activo financiero destinado a maximizar ganancias inmediatas. Continúa siendo espacio de vida, continuidad familiar y equilibrio comunitario.
En el Oriente, por otro lado, el problema aparece vinculado al avance histórico del agronegocio y a la expansión de modelos agroexportadores cada vez más concentrados. Allí la tierra dejó hace tiempo de entenderse únicamente como espacio de producción para convertirse también en instrumento de acumulación económica y expansión patrimonial. No resulta casual que sectores empresariales vinculados al agronegocio respalden iniciativas orientadas a flexibilizar límites sobre tierras comunitarias. La tierra representa poder económico, control territorial y capacidad de acumulación a largo plazo.
La experiencia regional demuestra hacia dónde conducen estas dinámicas. En distintos países de América Latina, la expansión agresiva del agronegocio produjo concentración de tierras, debilitamiento de economías campesinas, destrucción ambiental y subordinación de la soberanía alimentaria a intereses corporativos internacionales.
Y aquí aparece una contradicción fundamental que muchas veces el discurso oficial intenta invisibilizar.
En tiempos de crisis económica, inflación y especulación de mercados, es precisamente la economía campesina y comunitaria la que continúa sosteniendo buena parte de la soberanía alimentaria del país. Mientras grandes cadenas agroindustriales y actores empresariales elevan constantemente el precio de productos estratégicos y utilizan su posición dominante para condicionar el mercado interno, miles de pequeños productores campesinos continúan abasteciendo alimentos básicos para la población desde dinámicas económicas menos concentradas y menos especulativas.
La noción de soberanía alimentaria, desarrollada inicialmente por movimientos campesinos latinoamericanos y organizaciones como La Vía Campesina, sostiene precisamente que los pueblos deben conservar capacidad de decidir sobre su producción agrícola, sus semillas, sus territorios y sus formas de abastecimiento alimentario sin quedar subordinados completamente a intereses corporativos o financieros.
La economía comunitaria no responde exclusivamente a la lógica corporativa de acumulación. Mantiene todavía vínculos con formas de producción familiar, abastecimiento local y reproducción social que amortiguan parcialmente los impactos más agresivos del mercado.
Por eso el conflicto alrededor de la Ley 1720 no enfrenta únicamente dos modelos de propiedad agraria. Lo que realmente entra en tensión son dos formas profundamente distintas de comprender el territorio y organizar la producción.
De un lado, una lógica comunitaria donde la tierra mantiene vínculos con prácticas colectivas, soberanía alimentaria, ciclos agrícolas tradicionales y formas de producción menos subordinadas a la especulación del mercado global.
Del otro, una lógica crecientemente mercantil donde el territorio se transforma en activo económico, espacio de acumulación y plataforma de rentabilidad subordinada a dinámicas empresariales y extractivas.
La diferencia entre ambas racionalidades no es menor. Mientras la economía campesina históricamente priorizó la diversificación productiva y el abastecimiento local, el agronegocio tiende a concentrar la tierra, expandir monocultivos y subordinar la producción alimentaria a criterios de exportación y rentabilidad corporativa.
Por eso destruir progresivamente las estructuras territoriales campesinas no solamente implica modificar la propiedad de la tierra; significa también debilitar uno de los últimos mecanismos de contención social frente a crisis alimentarias, especulación económica y dependencia externa.
El problema central de la Ley 1720 es que intenta presentar la individualización de la tierra como ampliación de libertad, cuando en realidad puede convertirse en mecanismo de subordinación territorial. Porque el comunario aislado jamás negocia en igualdad de condiciones frente a actores empresariales con mayor información, respaldo financiero y capacidad jurídica.
El mercado jamás negocia entre iguales.
Aquí aparece uno de los elementos centrales que deliberadamente se intenta ocultar: las comunidades organizadas todavía representan una barrera política frente al avance indiscriminado del capital sobre territorios estratégicos. Mientras existe propiedad colectiva, existen mecanismos comunitarios de deliberación, usos y costumbres, control territorial y resistencia social que dificultan la apropiación externa de la tierra.
No es casual que las estructuras comunitarias históricamente hayan sido uno de los principales obstáculos frente a los procesos de concentración territorial en América Latina.
Por eso el ataque no es solamente jurídico. También es ideológico.
Se intenta instalar la idea de que el individuo aislado es más libre que la comunidad organizada. Sin embargo, en sociedades profundamente desiguales, esa supuesta “libertad individual” suele traducirse en subordinación económica frente a actores infinitamente más poderosos.
Cuando la tierra deja de pertenecer a la colectividad, el comunario queda solo frente al mercado.
Y el mercado siempre favorece a quien posee más capital, más información y más poder.
Las comunidades indígenas y campesinas comprenden intuitivamente algo que muchas veces el discurso tecnocrático intenta ocultar: una vez fragmentado el territorio comunitario, el proceso de concentración se vuelve prácticamente irreversible.
En ese contexto, tampoco resulta irrelevante preguntarse qué sectores económicos y políticos impulsan con mayor fuerza la flexibilización progresiva sobre la propiedad agraria. Diversos representantes vinculados al agronegocio organizado han defendido públicamente la Ley 1720 argumentando que garantiza seguridad jurídica y expansión productiva, mientras figuras políticas asociadas históricamente al empresariado agroindustrial han promovido su continuidad y aplicación regional.
El debate de fondo, entonces, no gira únicamente alrededor de productividad o financiamiento. La pregunta central consiste en comprender hacia qué modelo territorial se intenta conducir al país y qué actores económicos podrían beneficiarse en el largo plazo de una progresiva mercantilización de la tierra.
Por eso la resistencia frente a la Ley 1720 no puede reducirse a una defensa romántica de tradiciones rurales ni a una postura meramente ideológica. Lo que existe es una disputa histórica por la soberanía territorial, alimentaria y económica del país.
Porque detrás del lenguaje técnico sobre productividad y propiedad agraria se está definiendo algo mucho más profundo: si Bolivia continuará sosteniendo formas colectivas de control territorial o si ingresará plenamente a una lógica donde la tierra, los recursos naturales y la alimentación quedarán subordinados al poder del mercado.
Y cuando un pueblo pierde control sobre su territorio, tarde o temprano también pierde control sobre su destino.
Por Kevin Anibarro
