El colectivo Hacking Bolivia alertó sobre la filtración y venta clandestina de archivos pertenecientes al Senarecom, la Cancillería, el Ejército y el Senado. Mientras dos entidades confirmaron vulneraciones y el Gobierno instruyó una investigación a la Agetic, la ausencia de una Ley de Protección de Datos limita la respuesta oficial.
La Paz, 18 de noviembre de 2026.- La alerta lanzada el 15 de noviembre por el colectivo Hacking Bolivia sobre la filtración y comercialización de información perteneciente a instituciones públicas puso en evidencia la vulnerabilidad de los registros almacenados por el Estado, según reportó El País. El aviso expone el riesgo de que los datos oficiales se conviertan en mercancía para delincuentes informáticos y en una herramienta para ejecutar fraudes, extorsiones o espionaje.
Las cuatro entidades estatales señaladas en el reporte son el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), la Cancillería, el Ejército y la Cámara de Senadores. A tres días de la alerta roja emitida por el colectivo, el Gobierno continúa recabando información para dimensionar lo sucedido.
Detalle de los archivos comprometidos
De acuerdo con los datos difundidos por Hacking Bolivia, del Senarecom se habrían extraído 654.414 registros de clientes y compradores de minerales, los cuales contienen información comercial, tributaria y bancaria. En el caso de la Cancillería, el reporte señala la exposición de más de 170 gigabytes de archivos y 619.143 expedientes de extranjeros, documentación que incluiría datos de pasaportes, visas y solvencia económica.
La filtración también alcanzaría a la esfera castrense y legislativa. Respecto al Ejército, el colectivo mencionó la circulación de más de seis gigabytes de documentos internos, manuales militares y datos de inteligencia. En cuanto a la Cámara de Senadores, se reportó la exposición de 2.652 registros vinculados a su personal.
Aunque no todas las cifras cuentan con confirmación oficial, el Senarecom reconoció accesos informáticos no autorizados a su plataforma y la Cancillería confirmó un incidente de seguridad. Ambas reparticiones activaron sus protocolos de respuesta internos.
Alcance de la dark web y riesgos potenciales
La dark web constituye un segmento de internet que no figura en los buscadores convencionales y requiere herramientas especiales para su acceso. Si bien no todo su contenido es ilegal, funciona como un espacio clandestino para el intercambio y la venta de bases de datos robadas, contraseñas y documentos. Los atacantes pueden ingresar sin autorización a un sistema, copiar sus archivos y ofertarlos sin necesidad de paralizar las plataformas, por lo que el funcionamiento normal de una web estatal no garantiza que su información permanezca a salvo.
La exposición de estos registros conlleva riesgos directos para ciudadanos, empresas y organismos públicos. Los datos comerciales y bancarios permiten identificar compañías, rastrear sus operaciones y diseñar estafas dirigidas, mientras que la información de pasaportes y visas facilita la suplantación de identidad y la elaboración de fraudes complejos.
En el ámbito de la defensa, si se confirma la autenticidad y el contenido de los archivos atribuidos al Ejército, quedarían revelados aspectos sensibles sobre capacidades, procedimientos y organización de las Fuerzas Armadas. A esto se suma el peligro de extorsión, dado que los responsables pueden presionar a personas o entidades amenazando con divulgar más archivos, generando consecuencias que persisten incluso después de cerrar la vulnerabilidad técnica inicial.
Acciones del Gobierno y vacío normativo
Ante la magnitud del incidente, el Gobierno instruyó a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) investigar el alcance de los ataques. La entidad técnica informó que trabaja para determinar la dimensión de las vulneraciones y preservar las evidencias digitales.
De forma paralela, el Senarecom pidió a sus usuarios conservar los respaldos físicos y digitales de sus operaciones, en tanto que la Cancillería desarrolla análisis internos para establecer con precisión qué archivos quedaron expuestos. La respuesta institucional enfrenta una limitación estructural debido a la ausencia de una Ley de Protección de Datos en Bolivia, un vacío que condiciona la reacción estatal frente a la necesidad de determinar qué información sigue circulando, quiénes accedieron a ella y qué medidas evitarán nuevas intrusiones.
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