Pedro Callisaya reveló que las nuevas autoridades pusieron «en entredicho» la elección de defensores estudiantiles en 2026. Ante esta situación, urge aprobar una ley nacional que blinde la política de prevención de violencia escolar que actualmente cuenta con más de 8.000 estudiantes electos.
La Paz, 18 de noviembre de 2026.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denunció públicamente que el programa nacional de prevención de violencia escolar y acoso, denominado «Defensora, Defensor Estudiantil», sufrió trabas administrativas por parte del Estado. Según la autoridad, las nuevas autoridades del Ministerio de Educación debilitaron y pusieron «en entredicho» esta política preventiva durante la gestión educativa de 2026.
En una entrevista concedida al programa 3 Bs de Beta On Air y Go Communication Bolivia, Callisaya detalló el crecimiento histórico del programa: en 2024 se eligieron a 4.701 defensores, la cifra bajó a 3.007 en 2025, pero este año alcanzó un récord de 8.054 estudiantes electos democráticamente por sus pares en todo el país. Sin embargo, ante los recientes obstáculos gubernamentales, el Defensor urgió la creación de una normativa permanente. «Independientemente de que cualquier gobierno esté en funciones, tiene que existir una ley que afirme a la Defensora, Defensor Estudiantil», sentenció.
Los estudiantes electos (un hombre y una mujer por unidad educativa) cumplen tres objetivos fundamentales: canalizar denuncias de violencia escolar ante la dirección, la Defensoría de la Niñez y la Defensoría del Pueblo; promover el respeto recíproco de los derechos humanos y construir una convivencia pacífica y armónica. Callisaya subrayó que los defensores no están encargados de «resolver» el bullying, sino de activar de manera segura los protocolos institucionales.
El Defensor destacó además el aporte de los jóvenes en la redacción de los manuales de actuación desde 2024. Respondiendo a cuestionamientos sobre la llamada «generación de cristal», Callisaya afirmó que estas instancias promueven una participación activa y vinculante. De acuerdo con la Resolución Ministerial 1/2025, este programa es obligatorio para todas las unidades educativas públicas, privadas y de convenio, constituyéndose en una
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