La presentadora de televisión denunció públicamente que vive en la clandestinidad tras conocerse que la justicia otorgó detención domiciliaria a su expareja, Óscar Ayala, a quien acusa por violación y violencia. La denunciante advirtió ante las autoridades sobre la existencia de un testigo protegido y un presunto plan para quitarle la vida.
Bolivia, 15 de noviembre de 2026.- Gabriela Durán denunció públicamente que teme por su integridad física y la de su entorno luego de que una resolución judicial concediera detención domiciliaria a su expareja, Óscar Ayala, procesado por violación, violencia familiar y violencia psicológica.
Según relató Durán, ante el Ministerio Público cursan testimonios y pruebas sobre un presunto plan destinado a silenciarla mediante el asesinato. «Existen testimonios presentados ante la Fiscalía que hacen referencia a un presunto plan para quitarme la vida y de esta manera silenciarme. Hay pruebas, incluso existe una declaración de un testigo protegido que relata los hechos», señaló la denunciante.
La resolución cuestionada se dictó mediante una acción de libertad concedida un día antes de su pronunciamiento público. Frente a esta medida sustitutiva a favor del imputado, la mujer afirmó haberse visto forzada a renunciar a su fuente laboral y abandonar su ciudad de residencia para resguardarse.
»Hoy vivo prácticamente en la clandestinidad, intentando proteger mi vida. Tengo miedo por mi integridad, por mis testigos y por mi familia», manifestó Durán, al exigir que el sistema judicial y las instancias estatales de protección revisen el expediente y valoren la prueba presentada.
En su intervención, la denunciante solicitó garantías inmediatas para evitar un desenlace fatal y responsabilizó de forma preventiva las amenazas ya reportadas. «No quiero ser otra víctima de feminicidio, no quiero serlo. No quiero que mi historia termine en una noticia. Yo quiero vivir, quiero trabajar, quiero recuperar mi vida y, sobre todo, quiero justicia», expresó.
Finalmente, Durán pidió que, en caso de registrarse algún ataque contra su persona, sus familiares o los testigos del caso, las amenazas previas denunciadas ante la Fiscalía sean investigadas con rigor por las autoridades competentes.
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