El empresario Harold Lora fue trasladado desde el penal de Palmasola a la ciudad de La Paz para una inspección ocular por la estafa del edificio Loritas 10. La defensa de las víctimas denunció la existencia de una red de protección institucional conformada por fiscales, jueces y funcionarios municipales que obstaculizó la investigación.
La Paz, 13 de noviembre de 2026.- El abogado Carlos Ávila, representante legal de casi un centenar de víctimas, confirmó en el programa 3Bs de Beta On Air la llegada del empresario Harold Lora a la sede de gobierno. El acusado de estafas inmobiliarias participará de una inspección judicial en la calle 15 de Calacoto, zona donde debió construirse el edificio Loritas 10.
Durante la entrevista, el jurista reveló graves nexos de corrupción institucional. Según Ávila, el ex fiscal superior Armando Rojas, implicado en el caso Mariaca y actual detenido preventivo, residía en un penthouse del edificio Loritas 9, evidenciando los vínculos entre operadores de justicia y la empresa inmobiliaria responsable de las estafas múltiples.
El perjuicio económico contra los ciudadanos alcanza cifras millonarias y de difícil recuperación. La investigación señala que Lora concretó casi 2.000 ventas de departamentos, exigiendo en la mayoría de los casos el cobro anticipado del 100% del valor total por proyectos inexistentes o inconclusos, dejando un saldo de insolvencia frente a los acreedores.
Ávila denunció además un presunto encubrimiento sistemático en los juzgados de la Zona Sur, donde los trámites procesales sufrieron demoras injustificadas de hasta un año. El abogado añadió que, durante la gestión municipal del alcalde Iván Arias, los funcionarios de la Alcaldía de La Paz tenían instrucción expresa de no comunicar datos técnicos estructurales de los edificios a las víctimas.
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