La Paz, 11 de julio de 2024.- Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que no hay la cantidad necesaria de peritos, lo cual deriva en una mora procesal y que las víctimas de violencia abandonen las denuncias contra sus agresores.
La Defensoría del Pueblo reveló que las víctimas de violencia familiar, económica, agresiones sexuales y psicológicas deben esperar hasta ochos meses para que peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) les realicen una valoración oficial, informe indispensable para continuar el proceso contra sus agresores.
De acuerdo con los expertos, la demora en la realización de valoraciones o pericias psicológicas en el IDIF genera retardación de justicia, lo que es aprovechado por los abogados de los agresores para presentar una serie de recursos y exigir el cierre de los casos.
“Existe una sola psicóloga forense para todo el departamento de Potosí, lo que genera una sobrecarga laboral para la forense”, declaró un miembro del IDIF de Potosí.
Los jueces y fiscales acceden a estos pedidos debido a que se ven presionados por el límite de los plazos procesales. El daño más grave se expresa en la impunidad de los denunciados y la inseguridad en la que viven las víctimas. Muchas abandonan las denuncias o eligen “conciliar” para dar fin al proceso.
Asimismo, en casos de falsas denuncias, en las que hay inocentes encarcelados, estos no pueden cambiar su situación hasta que una pericia psicológica demuestre que la supuesta víctima mintió para dar lugar al proceso, como lo explicó a Visión 360 la exdirectora nacional de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap), Karina Cuba.
Las citas se hacen para más de cuatro, seis u ocho meses; incluso hay casos en que se dan hasta para más de un año, según la región o población donde se haga la solicitud.
Visión 360 accedió a un documento que revela que, en El Alto, en un caso sobre un supuesto abuso sexual y violación a menores de edad, al interior de una familia -hechos atribuidos al hijo de un ministro del actual Ejecutivo-, la responsable del IDIF programó la valoración psicológica para un año después de presentada la denuncia de una de las víctimas.
La Defensoría del Pueblo estableció que solo 11 de las 20 oficinas del IDIF contaban con un psicólogo forense.
El dato alarmante se conoció después. En respuesta al informe de la Defensoría del Pueblo, el director del IDIF, Luis Fernando Alcócer, reveló que esa institución sólo cuenta con 16 psicólogos forenses en toda Bolivia. Estos profesionales reciben de tres a cuatro casos por día y requieren, en promedio, 25 días para realizar la entrevista a la víctima o denunciado y luego emitir el informe pericial.
Sin embargo, en la Rendición Pública de Cuentas Final de 2023, la Fiscalía General reportó que, en esa gestión, los peritos del IDIF del área de Psicología Forense atendieron 4.121 casos, lo que quiere decir que cada psicólogo atendió un promedio de 11 casos por día, incluidos los fines de semana y días feriados.
Funcionarios
Los datos del informe de la Defensoría del Pueblo provienen del testimonio de funcionarios entrevistados, los cuales no fueron contrastados con datos oficiales de la Fiscalía General. No obstante, las declaraciones recogidas en el documento confirman la gravedad del tema.
En el municipio de Yacuiba, en Tarija, el personal consultado declaró que la psicóloga forense atiende procesos de todo tipo, llegados del Gran Chaco y Palos Blancos. En Trinidad, capital del departamento de Beni, el personal reveló que las víctimas son citadas para la valoración, hasta tres meses después de presentada su denuncia.
En la capital de Bolivia, Sucre, los peritos dijeron que demoran en atender a las víctimas hasta dos meses. En la ciudad de Oruro, el promedio llegaría hasta los tres meses.
En la ciudad de Cochabamba, el personal del IDIF declaró ese 14 de febrero que “se cuenta con una agenda, la misma está llena hasta el mes de junio, debido a que el 80 por ciento de las valoraciones son por temas familiares (casos de violencia económica, divorcios); sin embargo, se priorizan temas de violencia a la mujer, niñas, niños y adolescentes”.
En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, el problema es similar, pues se informó que las órdenes fiscales para la valoración psicológica, que se emitieron en enero, recién serían atendidas en abril.
16 psicólogos forenses trabajan en el IDIF, para atender una población de 12 millones de habitantes, en 340 municipios. Cada uno atiende hasta 4 casos por día y demora hasta 25 días en emitir su informe.
“Existe una sola psicóloga forense, para todo el departamento de Potosí, lo que genera una sobrecarga laboral. La profesional (perito) tiene agendadas consultas hasta el mes de abril. De acuerdo con lo manifestado, en casos de niñas, niños y adolescentes se prioriza”, declaró una de las funcionarias, el día de la verificación.
Pero el caso más grave se da en el municipio de El Alto, con más de un millón de habitantes. En febrero, los funcionarios declararon que “se tiene 120 personas agendadas para evaluar hasta octubre”.
“El tiempo para responder al Órgano Judicial es menor en los procesos que se encuentran en juicio oral”, declaró una funcionaria del IDIF al personal de la Defensoría del Pueblo.
En el área de Psicología Forense se realizan estudios mentales tanto a víctimas como a denunciados.
En casos de violencia psicológica o agresiones sexuales que se denuncian luego de meses o años, en los que no es posible contar con pruebas materiales del crimen, la valoración psicológica sirve para establecer la credibilidad del testimonio vertido por las víctimas, además de identificar la sintomatología de daño o la secuela psicológica en las víctimas de delitos sexuales y violencia de género.
Alcócer también reportó que, de los 16 psicólogos forenses, 14 tienen ítem y dos prestan servicio por contrato eventual.
El director del IDIF reconoció que por la falta de personal “nos vemos imposibilitados de dar un servicio adecuado”.
Recomendaciones
El informe tiene nueve conclusiones y siete recomendaciones para la Fiscalía General del Estado. Visión 360 consultó a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta de las autoridades de esas instituciones.
Otro hallazgo de la verificación de la Defensoría del Pueblo revela que en el IDIF de Cochabamba se promueven “acuerdos” o conciliaciones ilegales entre víctimas y agresores. Estos pretenden ser consolidados en coordinación con jueces del Tribunal Departamental de Justicia, lo que vulnera el protocolo de atención en psicología forense especializada para mujeres víctimas de violencia.
Deficiencias por falta de presupuesto y desinterés
Para Karina Cuba, exdirectora nacional de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap), las falencias en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se deben principalmente a la falta de presupuesto y al desinterés de los responsables en turno en la Fiscalía General del Estado.
“Uno de los principales problemas, siempre, ha sido la falta de presupuesto; pero otro, que también genera responsabilidad, es la falta de coordinación y el desinterés que tienen las autoridades”, explicó Cuba.
Mencionó que mientras trabajó en la Fiscalía General, en la gestión de Ramiro Guerrero, los directores o coordinadores identificaban varias deficiencias en sus respectivas áreas.
“Los directores hacían solicitudes a la Fiscalía General, para que el Fiscal General tome acciones; por ejemplo, para contratar determinado personal en un área específica. Pero además del problema del presupuesto, se notaba que no entendían las necesidades que tenían las diferentes direcciones, no le deban la importancia necesaria”, remarcó Cuba.
Fuente: Visión360
