La Ley Autonómica Municipal N.º 173/2026 establece el área protegida «Ena Bacua Yahui Quinaji», impulsada junto al pueblo indígena tacana. Esta zona funcionará como un cinturón de conservación colindante al Parque Nacional Madidi.
La Paz, 15 de octubre de 2026. — El municipio paceño de San Buenaventura promulgó la Ley Autonómica Municipal N.º 173/2026, mediante la cual oficializa la creación del área protegida municipal «Ena Bacua Yahui Quinaji», una reserva de 44.000 hectáreas destinada prioritariamente a salvaguardar 221 fuentes de agua. Esta medida ambiental se consolida de manera conjunta con la promulgación de una segunda normativa que declara a la jurisdicción como un municipio libre de minería, marcando una firme posición institucional frente al avance de las actividades extractivas en la Amazonía boliviana.
La estructuración de esta nueva reserva es el resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno Autónomo Municipal y el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), respaldado por la asistencia técnica de Wildlife Conservation Society (WCS). El nombre del área, que en idioma tacana significa «víbora cuidante del agua», refleja la cosmovisión de este pueblo, el cual concibe a la anaconda (Ena Bacua) como la protectora espiritual de los recursos hídricos. Gran parte de esta nueva área protegida se encuentra dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) tacana, integrando la gestión indígena con la protección ambiental.
Por su ubicación geográfica, «Ena Bacua Yahui Quinaji» actuará como una zona de amortiguamiento estratégico para el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. El director interino de esta reserva nacional, José Luis Howard, destacó que la creación del espacio municipal reducirá las presiones sobre los ecosistemas compartidos y fortalecerá las labores de control y vigilancia. Esta articulación resulta vital frente a las alertas ambientales en la región, donde se tienen registradas al menos 43 actividades vinculadas a la minería en el entorno del Madidi.
Con las normas ya promulgadas desde el pasado 10 de octubre, las autoridades ejecutivas y legislativas del municipio, junto con los dirigentes indígenas, tienen previsto trasladarse a la ciudad de La Paz. El objetivo de esta comisión será presentar oficialmente la declaratoria que prohíbe la actividad extractiva ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con el fin de exigir el respeto a sus disposiciones locales de conservación, seguridad hídrica y preservación de la biodiversidad.
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