La Central Indígena CIPOAP fijó como plazo máximo el 13 de octubre de 2026 para el retiro pacífico de las balsas. Los originarios denuncian inacción, falta de voluntad política y presunta complicidad de la AJAM ante la grave contaminación por mercurio en sus territorios.
Cobija, 14 de octubre de 2026. — Ante el avance descontrolado de la explotación aurífera y la severa contaminación ambiental, la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP) anunció que sus comunidades asumirán la defensa directa de sus territorios. El presidente de la organización, Javier Fernández, informó que se ha otorgado un plazo definitivo para que los operadores mineros retiren de manera voluntaria y pacífica sus embarcaciones de la zona.
De acuerdo con los datos brindados por la dirigencia indígena, la crisis ambiental en la cuenca del río Madre de Dios ha alcanzado niveles críticos. Actualmente, se estima la presencia de aproximadamente 1.300 balsas mineras ilegales operando en el territorio, cifra que casi duplica a las 751 embarcaciones legales afiliadas a cooperativas. Esta masiva actividad extractiva está generando una alarmante contaminación por mercurio, afectando gravemente la salud de las poblaciones locales y el ecosistema amazónico.
Fernández detalló que, frente a casi cuatro años de denuncias infructuosas y diálogos sin resultados, las comunidades se han organizado mediante comités de defensa territorial. Gracias a estos esfuerzos, se ha logrado detener temporalmente las labores mineras a lo largo de 184 kilómetros del río, devolviendo una relativa tranquilidad a las personas y a la fauna local. No obstante, advirtió que si los operadores ilegales no abandonan el área en el plazo establecido, las comunidades procederán a tomar medidas «más drásticas», consistentes en desatar y retirar las balsas, garantizando que estas acciones se realizarán sin confrontación ni violencia.
El líder indígena cuestionó duramente el papel del Estado, denunciando la falta de recursos y de voluntad política por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para ejecutar operativos efectivos. Asimismo, alertó sobre presuntas filtraciones de información y comunicaciones irregulares entre dicha entidad y los mineros ilegales, situación que facilitaría la impunidad en la región.
Finalmente, la dirigencia de la CIPOAP aclaró que esta medida de defensa territorial no está dirigida contra los trabajadores mineros —reconociendo que incluso familias indígenas recurren a esta labor para su sustento—, sino contra las prácticas extractivas destructivas. En ese sentido, dejaron abierta la posibilidad de entablar futuros diálogos con las cooperativas legales para viabilizar alternativas de trabajo bajo normas estrictas que eliminen por completo el uso de mercurio y protejan el medioambiente.
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