Autoridades locales y pueblos indígenas de Tarija se declaran en emergencia ante el avance descontrolado de la minería ilegal. Los análisis de laboratorio confirman niveles de toxicidad que superan los parámetros de la OMS, amenazando la salud pública y la producción piscícola.
Tarija, 12 de octubre de 2026. — El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) emitió una severa advertencia a las autoridades e instituciones de Tarija, Potosí y Chuquisaca sobre los alarmantes niveles de contaminación detectados en las cuencas de los ríos Pilcomayo y San Juan del Oro. Según detalló el investigador Gonzalo Mondaca, un reciente estudio confirmó la presencia de mercurio y metales pesados derivados de la explotación minera, lo cual agrava dramáticamente los problemas preexistentes por residuos de cadmio, plomo, estaño y zinc en las aguas del sur del país.
El impacto ambiental ha provocado el reclamo unánime de las autoridades locales, quienes denuncian la ausencia del Estado y la falta de fiscalización. El alcalde de Yunchará, Agustín Casasola, reveló que análisis de laboratorio encargados por su municipio y la Gobernación de Tarija confirmaron la presencia de al menos nueve metales por encima de los límites permisibles. Por su parte, la alcaldesa de El Puente, Sara Armella, cuestionó que la extracción irregular de oro, plomo y zinc no solo envenena las cuencas hídricas con sustancias químicas, sino que evade por completo el pago de regalías para las regiones afectadas.
Frente a esta crisis hídrica y sanitaria, las familias de los pueblos indígenas Weenhayek, Guaraní y Tapiete, en conjunto con comunidades campesinas, se han declarado en estado de emergencia. El asambleísta departamental por el pueblo guaraní, Andrés Segundo, alertó que los estudios detectaron plomo, arsénico y mercurio tanto en el agua como en el sábalo —principal sustento económico y alimenticio de la región— superando los parámetros de toxicidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los dirigentes indígenas atribuyen este desastre a derrames tóxicos, colapsos de piscinas de sedimentación y pasivos ambientales abandonados por cooperativas mineras que operan en la cuenca alta de Potosí. Aunque la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha intervenido campamentos ilegales en la zona desde 2022, los afectados exigen la implementación urgente de programas estatales de monitoreo continuo para frenar el daño irreversible a los ecosistemas y proteger la vida de las poblaciones ribereñas.
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