La madre y hermana del joven, quien falleció tras sufrir presuntas torturas y abuso sexual en la Anapol, exigen transparencia al Ministerio Público y advierten omisiones graves por parte del IDIF en el manejo de pruebas periciales.
La Paz, 12 de octubre de 2026. — La familia del cadete de la Academia Nacional de Policías (Anapol), Pablo Reboso, ha emitido un urgente pedido de justicia tras su trágico fallecimiento, denunciando una cadena de irregularidades institucionales, demoras judiciales y presunto encubrimiento en la investigación del caso. La madre de la víctima, María Luisa Valencia, solicitó el acompañamiento de la sociedad civil y las autoridades para evitar que el crimen quede en la impunidad, clamando: “No me dejen sola en este proceso”.
El joven ingresó a la institución tras superar satisfactoriamente todas las pruebas de admisión. Sin embargo, semanas después, su estado físico y emocional evidenció un grave deterioro en medio de aparentes amenazas y hostigamiento por parte de cadetes de cursos superiores. La medianoche del 14 de marzo, la madre fue convocada de emergencia desde Oruro tras ser informada de que su hijo presentaba «problemas respiratorios». Al llegar al Hospital Policial, lo encontró en un baño, temblando, llorando y vomitando sangre. Tras una ardua búsqueda de recursos económicos para costear su atención de emergencia, el cadete fue trasladado al hospital Corazón de Jesús (Kenko) y posteriormente al Hospital Metodista, donde perdió la vida tras siete días de internación.
Abigail Tapia, hermana de la víctima, reveló que antes de fallecer, Pablo logró identificar con nombres a los responsables de haberlo agredido brutalmente y abusado sexualmente. Esta denuncia estaría respaldada por los informes de la autopsia inicial, que evidenciaron desgarros y la presencia de fluidos corporales. No obstante, la familia denunció que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) presentó severas anomalías durante la necropsia posterior, omitiendo realizar las extracciones específicas solicitadas en la zona afectada.
Las observaciones de la parte querellante apuntan directamente al fiscal Herrera, actual encargado del proceso. La familia denuncia que el Ministerio Público retrasa de forma deliberada la subida de memoriales al sistema (con demoras de hasta tres semanas), realizó una reconstrucción de los hechos en el Hospital Policial Copacabana sin notificar a las víctimas, y se ha negado a analizar los videos de seguridad bajo el argumento de «carga laboral».
Asimismo, rechazan que el caso, inicialmente investigado como homicidio, haya sido minimizado a la figura penal de «homicidio culposo». Actualmente, el proceso señala únicamente a un cadete de cuarto año, identificado como Taylor, y a un médico del hospital policial. La familia exige que la investigación se amplíe de manera transparente para procesar a todos los autores materiales y cómplices institucionales, respaldándose en las declaraciones ya recabadas de más de 20 cadetes.
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