La comunidad agraria exige la intervención urgente de las autoridades para frenar a la Cooperativa Virgen del Rosario, acusada de avasallar tierras y amenazar las vertientes que abastecen de agua potable al 80% del distrito de Trinidad Pampa.
La Paz, 11 de octubre de 2026. — La comunidad agraria de Huaycuni, ubicada en el cuarto distrito de Trinidad Pampa, municipio de Coripata en Los Yungas de La Paz, denunció el avance descontrolado de la minería ilegal sobre sus territorios y la prolongada inacción de las instituciones estatales frente a los reclamos presentados desde el año 2019. El dirigente Héctor Coico alertó que las operaciones extractivas se desarrollan en la parte superior de las tomas de agua, amenazando los «ojos de agua» y vertientes que garantizan el suministro potable para el 80% de la población del distrito, lo que pone en riesgo directo a cientos de familias, la unidad educativa Franz Tamayo, el centro de salud y una guardería infantil.
Los comunarios identifican a la Cooperativa Virgen del Rosario como la responsable de estas operaciones, señalando que sus integrantes son personas ajenas a Huaycuni y que carecen de un contrato o derechos de explotación otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Coico denunció que el ingreso de estos operadores constituye un avasallamiento de tierras comunitarias, las cuales están respaldadas por antecedentes agrarios de 1952 y títulos individuales. Asimismo, alertó que el uso de maquinaria pesada para remover vegetación en sectores de selva densa está destruyendo la cobertura vegetal, comprometiendo severamente la recarga de las vertientes y alterando los hábitats de flora y fauna.
La tensión en la zona se agravó recientemente a raíz de un proyecto de electrificación trifásica financiado en un 70% por la Gobernación de La Paz y un 30% por el municipio de Coripata. Según la dirigencia, esta iniciativa favorecía económicamente a las cooperativas mineras al facilitarles la sustitución de diésel por electricidad, sin brindar un beneficio social equitativo para los habitantes. Tras las movilizaciones comunales, el gobernador Luis Revilla dispuso la suspensión de las obras, ordenó una auditoría técnica, ambiental y administrativa, y remitió los antecedentes del caso a la AJAM para evaluar la legalidad de las operaciones.
A pesar de la paralización del proyecto eléctrico, los cooperativistas intensificaron sus incursiones en la zona. La comunidad denunció una profunda ineficacia institucional, revelando que acudieron sin éxito a la AJAM, el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, la Alcaldía de Coripata, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A esta lista se suma la Comisión de Madre Tierra de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, la cual realizó una inspección ocular el 17 de agosto de 2026 evidenciando riesgos ambientales, pero que hasta octubre no había entregado su informe final, incumpliendo el plazo establecido de 15 días hábiles.
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