Análisis realizados en cuatro puntos de la cuenca paceña revelan niveles al límite de metales pesados, destacando el cadmio como claro indicador de actividad minera, además de la presencia de la bacteria Legionella. Activistas denuncian inacción institucional y grave afectación a pueblos indígenas.
La Paz, 09 de octubre de 2026. — La calidad del agua que abastece a la ciudad de La Paz se encuentra bajo el escrutinio de la sociedad civil y la comunidad científica. Una reciente investigación independiente, impulsada por el activista Francisco Prada y la ingeniera agrónoma Carmen Capriles, expuso preocupantes hallazgos sobre las fuentes hídricas de Hampaturi, alertando sobre la presencia de patógenos y metales pesados derivados de la expansión de la minería en la cuenca.
Durante la presentación de los resultados, basados en cuatro muestras recabadas en distintas coordenadas estratégicas de la zona (incluyendo puntos de aguas ácidas de mina), Capriles detalló que, si bien el agua se mantiene en sus límites máximos permitidos, ya se registra la presencia de partículas tóxicas como hierro, manganeso, mercurio y plomo. Sin embargo, el hallazgo más alarmante fue el incremento de un metal en particular: “Hemos encontrado niveles un poco más altos de cadmio, un claro indicador de que existe minería”, explicó la especialista.
A la contaminación química se suma un riesgo biológico directo para la población. Los estudios detectaron la presencia de Legionella, una bacteria que produce afecciones similares a un resfriado pero que puede derivar en cuadros respiratorios severos. Ante esta situación, Capriles recomendó a la ciudadanía hervir el agua antes de su consumo y enfatizó la urgencia de ampliar el monitoreo imparcial para proteger estos recursos provenientes del deshielo de los glaciares.
El impacto de esta degradación ambiental no se limita a las zonas urbanas. Francisco Prada denunció que las comunidades indígenas originarias, específicamente los pueblos Ese Ejja, Tsimané y Mosetén, son los primeros y más vulnerables afectados por las consecuencias de esta contaminación fluvial.
Frente a esta crisis, el activista emitió un duro reclamo contra las autoridades locales, departamentales y nacionales por su pasividad y «ausencia» ante el problema. Prada apuntó directamente contra la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el INRA, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, acusándolos de haberse «aplazado por completo» al tolerar el ingreso de la minería a áreas protegidas y fuentes hídricas. «Vamos a ir a instancias internacionales si ustedes no hacen su trabajo», sentenció Prada, exigiendo acciones inmediatas de las autoridades para frenar la contaminación.
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