El avance descontrolado de la minería aurífera amenaza con desatar una crisis de salud pública en el sur del país. Especialistas denuncian que Bolivia incumple el Convenio de Minamata y se consolida como uno de los mayores importadores mundiales de este metal tóxico.
Tarija, 06 de octubre de 2026. — La expansión de la explotación aurífera ha encendido una nueva alarma ecológica en el sur de Bolivia. Organizaciones ambientalistas advierten sobre el inminente riesgo de contaminación con mercurio en las cuencas de los ríos San Juan del Oro y Pilcomayo, una amenaza derivada del uso descontrolado de este metal pesado para la recuperación de oro.
El especialista Gonzalo Mondaca denunció que, impulsada por el alto valor comercial del mineral, la búsqueda de yacimientos se está intensificando en el San Juan del Oro sin ningún tipo de fiscalización estatal. Este nuevo frente extractivista agravaría críticamente la situación del río Pilcomayo, un ecosistema que ya se encuentra severamente golpeado por la presencia de cadmio, plomo, estaño y zinc.
El impacto del mercurio sobre la salud humana y el medio ambiente es devastador. Mondaca explicó que, una vez liberado, el metal volátil se deposita en los sedimentos del río, donde los microorganismos lo transforman en metilmercurio. Este compuesto altamente tóxico ingresa a la cadena trófica a través de pequeños crustáceos, se bioacumula en peces carnívoros de mayor tamaño y termina directamente en el plato de las poblaciones humanas, amenazando la vida de comunidades indígenas enteras, como el pueblo Weenhayek, cuya subsistencia depende casi exclusivamente de la pesca.
La exposición prolongada a este elemento genera daños irreversibles en múltiples órganos del cuerpo humano, replicando el trágico escenario de intoxicación que ya enfrentan las comunidades de la cuenca baja del río Beni.
El especialista atribuyó esta inminente crisis a una falla estructural del Estado. Pese a haber ratificado el Convenio de Minamata, Bolivia no cuenta con un plan de acción nacional ni con controles eficientes para fiscalizar el ingreso, uso y recuperación del mercurio. Esta inacción institucional ha convertido al país en uno de los mayores importadores de este tóxico a nivel global, dejando a sus ecosistemas y poblaciones vulnerables a merced de la fiebre del oro.
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