Las crías sobrevivieron a la matanza de sus familias y se recuperan en el Parque Yvaga Guazú. Mientras el proceso judicial avanza solo con el impulso de la sociedad civil, especialistas advierten sobre la urgencia de hallar una madre nodriza de su especie y conseguir recursos para su manutención.
Santa Cruz, 03 de octubre de 2026. — Dos crías de mono aullador (Alouatta sara), de apenas dos meses de edad, lograron sobrevivir a la crueldad del tráfico de vida silvestre y actualmente se aferran a la vida bajo el cuidado de especialistas. Los primates, cuyas madres y protectores de manada fueron masacrados en el monte por cazadores furtivos, fueron rescatados por la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales (FELCDA) tras ser comercializados a través de redes sociales con destino a zonas residenciales exclusivas como el Urubó.
Hoy, los pequeños aulladores se encuentran refugiados en el Parque Ecológico y Centro de Custodia Yvaga Guazú. Allí, la médica veterinaria Khandy Gandarillas ha asumido el rol de madre nodriza temporal, brindándoles cuidado las 24 horas para estabilizarlos de severos cuadros de deshidratación, estrés y trauma. Sin embargo, su futuro es incierto: para no perder sus instintos silvestres y evitar una dependencia humana que les impediría reinsertarse en la naturaleza, necesitan ser trasladados urgentemente a un centro especializado que cuente con una hembra de su misma especie.
Pese a la gravedad de este crimen ambiental —penado por el Código Penal boliviano con hasta 8 años de cárcel—, la búsqueda de justicia ha quedado casi exclusivamente en manos de la sociedad civil. El abogado ambiental Rodrigo Herrera y la activista Gandarillas impulsan la querella que, hasta el momento, ha logrado la detención preventiva por 30 días en Palmasola de uno de los implicados, mientras que otro se defiende en libertad y un tercero tiene orden de aprehensión.
El caso ha visibilizado el abandono institucional en la protección de la fauna. Ni la Gobernación de Santa Cruz ni la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) se han sumado como parte querellante en la investigación penal, argumentando que su intervención técnica inicial no los obliga a adherirse al proceso; una postura que contrasta con su participación activa en casos pasados. Asimismo, las autoridades departamentales confirmaron que no cuentan con un presupuesto específico para cubrir los elevados costos de recuperación de estos animales, delegando la carga financiera al refugio temporal.
Mientras el caso judicial permanece en un limbo sin fecha para la próxima audiencia, el Parque Yvaga Guazú apela a la solidaridad ciudadana para sostener la alimentación, leche especial y medicación de las crías, habilitando la línea 76325400 para coordinar donaciones. Paralelamente, los activistas reiteran un llamado urgente a la población a frenar la demanda que impulsa esta matanza, recordando que la compra de animales silvestres es un delito que puede y debe ser denunciado a la línea gratuita 800 14 2052.
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