Un trabajo de campo coordinado por la CNAMIB en la comunidad de San Miguel del Martirio revela que los casos de violación y estupro pasaron de 24 a 82 en cinco años. Los hallazgos formarán parte del octavo informe alternativo ante la CEDAW.
San Borja, 28 de septiembre de 2026. — Las mujeres indígenas del pueblo T’simane, pertenecientes a la comunidad San Miguel del Martirio en el municipio de San Borja, enfrentan una severa crisis marcada por el abandono estatal, la carencia de políticas públicas básicas y un alarmante incremento de la violencia de género y generacional. Un reciente trabajo de campo ejecutado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) documentó estas vulneraciones, cuyos resultados sustentarán el octavo informe alternativo que se presentará ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Los datos recabados en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNNA) exponen una escalada sostenida de agresiones. Los casos registrados de violación, estupro y abandono de menores se triplicaron en el último lustro: pasaron de 24 incidentes en 2021 a 82 en 2025. Entre enero y septiembre de 2026, la cifra ya alcanza los 29 hechos, incluyendo un homicidio. La información institucional detalla que las víctimas se concentran mayoritariamente entre los 14 y 15 años, una franja de edad en la que muchas adolescentes ya son madres.
A esta estadística oficial se suma una alta tasa de subregistro. El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) advierte que, ante el miedo, la distancia geográfica y la falta de recursos económicos para trasladarse, numerosas familias optan por resolver estos delitos y relatos de violencia al interior de la comunidad, al margen de la justicia ordinaria.
A la violencia sistemática se superpone una profunda crisis de subsistencia que azota a las más de 190 familias del asentamiento. Los efectos del cambio climático y los recientes incendios forestales han provocado la pérdida de semillas y alimentos, agravando cuadros persistentes de desnutrición. Ante la ausencia de respuesta gubernamental para garantizar el acceso al agua, la alimentación y la atención médica, los habitantes han tenido que recurrir a la medicina natural y asumir la reconstrucción de sus viviendas por cuenta propia.
Para hacer frente a esta vulnerabilidad, las comunarias han identificado el idioma como una barrera excluyente. En ese sentido, han exigido a las autoridades municipales y departamentales la ejecución de talleres de sensibilización en lengua tsimane, con traductores y materiales bilingües, demandando que la información sobre sus derechos llegue de forma efectiva y que este proceso «no sea un archivo más».
El levantamiento de información se desarrolló en el marco del proyecto «Consolidación de la tenencia territorial en las tierras bajas de Bolivia – Fase II», respaldado por Tenure Facility. El estudio aplicó metodologías participativas y entrevistas en coordinación con el Gran Consejo Tsimane (GCTs), la Organización de Mujeres Indígenas Tsimanes (OMITs), autoridades comunales, educadores y personal de salud local.
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