El boletín «Cuerpos, Datos y Derechos» revela que, si bien las cifras nacionales se redujeron casi un 30% en cinco años, el país aún registra miles de casos de maternidad temprana, incluyendo niñas menores de 14 y 10 años, con altas concentraciones en el eje troncal.
La Paz, 25 de septiembre de 2026. — La publicación del boletín «Cuerpos, Datos y Derechos: Embarazo en niñas y adolescentes en Bolivia», elaborado por la iniciativa Hablemos Bolivia, ha revelado que la maternidad forzada y temprana continúa siendo una realidad crítica que requiere atención inmediata en el país. Durante el primer semestre de 2026, el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) contabilizó 15.495 embarazos en menores de 19 años. A pesar de que los registros anuales experimentaron una disminución del 29,7% al pasar de 39.999 casos en 2020 a 28.128 casos en 2025, el volumen actual de afectación subraya que el desafío de proteger de manera integral a la niñez boliviana se mantiene vigente.
El impacto generacional de estos datos expone situaciones de extrema vulnerabilidad. Aunque el grupo de 15 a 19 años aglutina la mayor cantidad de registros (descendiendo de 37.829 en 2020 a 26.797 en 2025), las cifras en menores de 15 años resultan alarmantes. Durante 2025 se registraron 1.318 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 13 casos en niñas menores de 10 años (dato que bajó respecto a los 61 reportes de 2024). Estas maternidades a edades tempranas conllevan peligros severos para la vida; la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las madres de 10 a 15 años enfrentan mayores riesgos de sufrir eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas. Asimismo, los bebés producto de estas gestaciones tienen un mayor riesgo de presentar bajo peso al nacer, parto prematuro y afecciones neonatales graves.
El análisis territorial elaborado en la publicación demuestra que la crisis no cede de la misma manera en todas las regiones. En 2025, el 70% del total de los embarazos infantiles y adolescentes se concentró en los departamentos de Santa Cruz (9.835), Cochabamba (5.062) y La Paz (4.781). A nivel de ciudades capitales, las trayectorias de reducción son dispares: mientras que la ciudad de Sucre logró una caída del 49,06% entre 2020 y 2025, la ciudad de Cochabamba apenas logró disminuir sus registros en un 5,84%, convirtiéndose en un territorio de seguimiento prioritario.
El documento también pone foco en los derechos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 —que avala la ILE en menores de 19 años por causales de violencia sexual, malformaciones congénitas incompatibles con la vida y riesgo para la vida o salud de la madre— se efectuaron 364 procedimientos en 2025 y 188 durante los primeros seis meses de 2026. Los departamentos de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca concentraron el 58,2% de todas las interrupciones legales reportadas en 2025.
De manera paralela, los registros administrativos documentan graves complicaciones obstétricas previas. En 2025 se contabilizaron 1.216 registros de «hemorragia de la primera mitad del embarazo (menos de 22 semanas) que terminó en aborto» en niñas y adolescentes, y otros 589 casos hasta junio de 2026. Estas atenciones, que son técnica y administrativamente distintas de una ILE, abren cuestionamientos sobre la activación oportuna de protocolos de auxilio frente a la violencia sexual. El reporte concluye advirtiendo que contabilizar estas cifras en las instituciones de salud es solo el primer paso, pero reconstruir y entender qué ocurrió con las niñas y adolescentes detrás de los datos es la única vía para garantizar sus derechos.
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