La Fiscalía de Bolivia archivó la investigación contra la empresa argentina Caza & Safari y su dueño, Jorge Néstor Noya, por presunta caza ilegal de jaguares, argumentando falta de pruebas suficientes pese a las evidencias presentadas por los denunciantes.
Santa Cruz, 16 de diciembre de 2025. – La Fiscalía de Bolivia cerró la investigación penal contra el empresario argentino Jorge Néstor Noya y su empresa Caza & Safari, acusados de organizar paquetes turísticos para la caza ilegal de jaguares en el Pantanal boliviano. El Ministerio Público determinó que no existían pruebas suficientes para continuar el proceso, según informó la dependencia de Santa Cruz.
El abogado de la parte demandante, Rodrigo Herrera, confirmó el archivo del caso. «En la Fiscalía de Santa Cruz nos dijeron que el fiscal de San Matías había cerrado el caso por insuficientes pruebas», declaró Herrera a Mongabay Latam. Los denunciantes, entre ellos la activista Lisa Mirella Corti, presentaron fotografías y un informe de la fiscalía argentina que ubicaba a Noya en Bolivia en noviembre de 2023.
Noya enfrenta en Argentina el mayor caso de tráfico de fauna silvestre de ese país, con 12 allanamientos y el embargo de 37 vehículos y 7.951 animales disecados. La investigación transnacional señalaba que el empresario realizó más de 30 viajes a Bolivia desde la década de 1980 para operaciones de cacería, cobrando hasta 50.000 dólares por la caza de un jaguar.
Lisa Mirella Corti, del colectivo El Llanto del Jaguar, cuestionó la decisión boliviana. «Hemos presentado todas las pruebas, como una foto de Noya con un jaguar muerto en Bolivia», afirmó. La activista anunció que buscarán reactivar el caso y solicitar la extradición del empresario, quien habría ingresado al país de manera irregular por la frontera con Brasil.
El jaguar es una especie protegida y en estado vulnerable en Bolivia, donde se estima que quedan poco más de 3.000 individuos. La ley boliviana prohíbe terminantemente su caza. La Fiscalía de Santa Cruz indicó que, durante la investigación, se solicitó información al INRA para determinar la jurisdicción del predio donde ocurrieron los hechos, pero no realizó allanamientos.
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