Bolivia, 12 de junio de 2024.- De los tres operadores mineros que reconoce la Constitución Política del Estado (CPE), las cooperativas mineras son las que concentran casi la totalidad de la producción de oro en 2023 (99,8%) gracias a la flexibilidad de la normativa vigente, asegura Alfredo Zaconeta, investigador en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Esto, junto al alto nivel de desempleo y el sostenido incremento en el precio internacional del oro, ha permitido la proliferación de las cooperativas mineras auríferas, sobre todo en la Amazonía, donde incluso algunas comunidades y pueblos indígenas han optado por explotar oro en sus territorios.
“En 2006, las cooperativas mineras eran 911 en el país; para el 2021 alcanzaron a 2.388. De estas, aproximadamente 1.500 cooperativas se dedican a la explotación de oro; el grueso está en el norte de La Paz, donde existe un modo de explotación depredador, que en los últimos años se está replicando en Beni y Pando”, señala Zaconeta.
Esto ha sido posible porque en los últimos 18 años la normativa ha sido asimétrica, desde la CPE, seguida de la ley minera, los decretos supremos y las resoluciones ministeriales. “La flexibilización de las normas económicas y ambientales ha permitido que muchos opten por hacer una cooperativa. Las mismas comunidades indígenas se organizan en cooperativas e ingresan en la actividad minera”, afirma el investigador.
Una consecuencia de esta flexibilización es que las cooperativas están exentas del pago de impuestos, por lo que solo pagan regalías mineras. Los ingresos por regalías son bajos y no llegan al Estado central, dado que se distribuyen entre gobernaciones y municipios. Según Zaconeta, la discusión de un pago de impuesto sobre la explotación de oro está pendiente.
Fuente: Amazonía en la mira