La Policía activó este jueves operativos para identificar casos de mendicidad infantil, tras la muerte de una bebé presuntamente alquilada para pedir limosna en Cochabamba.
Cochabamba, 09 de julio de 2026. – La Policía Boliviana intensificó los operativos contra la mendicidad infantil tras la muerte de una bebé de seis meses en Cochabamba, caso que derivó en una investigación por una presunta red de alquiler de menores para pedir limosna.
La responsable de la División de Trata y Tráfico de Personas, mayor Gaby Coca, informó que los operativos buscan identificar a personas que deambulan con niños en las calles, verificar la documentación y confirmar la relación de parentesco entre los adultos y los menores. «Estamos trabajando en un operativo de identificación de poblaciones que están deambulando por las calles para registrar a estas personas, saber bajo qué condiciones tienen a estos menores, qué documentos portan y si realmente hay una relación de parentesco o no. Ya hemos remitido casos a las Defensorías al identificar a personas indocumentadas».
La autoridad indicó que, cuando los efectivos detectan irregularidades, remiten de inmediato los casos a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia para garantizar la protección de los menores y continuar con las investigaciones.
El caso salió a la luz tras la muerte de una bebé de seis meses que, según las investigaciones, fue trasladada desde Santa Cruz hasta Cochabamba por una pareja que presuntamente la utilizaba para actividades de mendicidad. De acuerdo con la investigación, los padres de la menor habrían recibido Bs 150 por entregarla y acordado un pago mensual de Bs 50. La Policía identificó a los progenitores, quienes también serán investigados.
El Ministerio Público imputó a Édgar Isaías M.S. y Marisabel W.D. por los presuntos delitos de trata y tráfico de personas, explotación infantil y sometimiento a la mendicidad. La justicia dispuso cuatro meses de detención preventiva para ambos y las autoridades rescataron a otros cuatro menores que permanecían bajo su cuidado.
Coca señaló que la investigación continúa y advirtió que en algunas comunidades persisten prácticas de entrega de menores a terceras personas mediante acuerdos entre familias. «Ven esto como una situación natural cuando se prestan a los niños y los trasladan a las ciudades para obtener beneficios económicos para ambas familias. Por supuesto, aquí hay un consentimiento, entonces son prácticas que ellos van desarrollando, pero que ahora la ley sanciona».
La oficial recordó que estas conductas constituyen delitos y pueden recibir penas de hasta 20 años de prisión. Por su parte, la Defensoría del Pueblo activó un mecanismo de coordinación entre sus delegaciones de Santa Cruz y Cochabamba para realizar el seguimiento de las investigaciones relacionadas con este caso de trata de personas con fines de mendicidad forzada, que involucra a niñas, niños y adolescentes del pueblo indígena ayoreo.
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